Los dueños privados de la fragata "La Mercedes" han sido indemnizados por España

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Odyssey Marine Exploration no tiene derecho ni a una sóla de las monedas rescatadas del naufragio de «La Mercedes», puesto que es un buque de Estado. Pero es que ni siquiera puede reivindicar ya las fortunas privadas que se hundieron con la fragata, puesto que España indemnizó antes de 1870 a todas las víctimas que pudieron probar que sus propiedades estaban a bordo del barco hundido a traición por el inglés el 5 octubre de 1804 (hace justo ahora 204 años). Esto es lo que se desprende de la investigación histórica y jurídica realizada por el abogado José María Lancho.

Lienzo que representa la explosión de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Vuelva usted mañana

Según el citado jurista, que ha rebuscado en archivos y libros de la época, el proceso se alargó durante décadas y fue penoso para un erario exhausto por las guerras. En 1824 se abrió el plazo para reclamar por las presas realizadas por Inglaterra antes de 1808, es decir, veinte años más tarde de la catástrofe de «La Mercedes». Era la España del Vuelva usted mañana de aquel Mariano José de Larra transmutado en Fígaro, donde la burocracia podía agotar la paciencia y la energía de aquellas desesperadas familias durante varias generaciones. Es posible, según afirma Lancho, imaginar «la situación en que se encontraban estas familias y comprender la precariedad de un Estado, el español, que apenas sobrevivía tras las guerras napoleónicas, mientras América iniciaba su proceso revolucionario y estallaban los primeros conflictos civiles» en el reinado de Fernando VII.

Pero lo cierto es que, en diciembre de 1869, se emitía una Instrucción que regulaba las caducidades de las reclamaciones de aquellas víctimas que debían ser indemnizadas por el apresamiento de buques de la Real Armada a manos de Inglaterra. El caso es que el artículo 9 de esa Instrucción de 1869 explica que los demandantes de indemnizaciones debían presentar «en el plazo de un año a contar desde el 21 de julio último (de aquel 1869), en las oficinas de la deuda, bajo pena de caducidad (...) los documentos que acreditan el apresamiento del buque, el hecho del embarque del metálico, géneros y efectos apresados, el valor de estos y el del buque». Es decir, que tenían que probar su demanda.

«La Mercedes», exento

Pero el caso de «La Mercedes», y el resto de los buques apresados en la traicionera batalla del Cabo de Santa María, fue tan doloroso -provocaría la guerra con Inglaterra- que quedaban exentos de toda prueba los demandantes de «las fragatas de guerra Mercedes, Fama, Medea y Santa Clara por la notoriedad de sus apresamientos», destaca Lancho. El motivo de que España se comprometiera a indemnizar a las víctimas no fue otro que el cambio de alianzas, tras las guerras napoleónicas que volvieron a unir como aliados a Madrid y Londres, que se habían declarado la guerra tras el hundimiento de «La Mercedes», una guerra que en el mar terminaría con la tragedia de Trafalgar.

El caso es que el resto de las víctimas de los apresamientos corsarios de los ingleses necesitaba un testimonio del Almirantazgo inglés o del Tribunal que declaró buena la presa en cada caso. Asimismo debían «aportar el protesto del capitán del buque y el testimonio expedido por la comandancia de marina en que hubiera estado matriculado el buque». Para el hecho del embarque de bienes, un testimonio sacado del registro de la Aduana del puerto de salida o expedido por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que declaró buena la presa. Servían también los conocimientos de los capitanes, maestres o patrones de los barcos, las pólizas de seguros. etc.

Los demandantes podían sumar otras pruebas como los testimonios de los libros de comercio. Además, aquellos que quisieran justificar la propiedad y el valor del buque, debía aportar la escritura de adquisición o certificación expedida por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que dispuso de la presa «siempre que constara la propiedad del buque y el precio de la venta del mismo», añade Lancho. Y, por último, también se aceptaba la certificación emitida por la Comandancia de Marina a la que «hubiesen correspondido los buques apresados, donde constara la matrícula y los arqueos de verificados». El tiempo pasaba y no todas las víctimas tuvieron la suerte de reunir la documentación necesaria. Por ello, en diciembre de 1870 aún se publicaban varias cuantiosas reclamaciones caducadas de algunos herederos. Es el caso de Faustino del Campo, que reclamaba 100.000 reales de vellón de «La Mercedes» y 2.000 de la «Santa Clara». Él y tantos otros vieron caducar sus derechos por no presentar las pruebas exigidas en el citado artículo 9.

«Gran Bretaña no debe resarcirse en Tampa de sus propios despojos»

Gran Bretaña sí indemnizó a don Diego de Alvear, el militar español que vio hundirse a su mujer, siete de sus hijos y toda su fortuna cuando estalló «La Mercedes». Según informaciones publicadas en Gibraltar, el Gobierno británico estudia con algunos abogados si exigir una parte del tesoro por esa reparación. Según el abogado José María Lancho, a la luz de la historia esa reclamación es puramente nula. ¿El motivo? Que Inglaterra indemnizó «por daños morales» causados a don Diego de Alvear debido, como escribió el propio rey Jorge III, a «las peculiares circunstancias de este infortunio tan grande», esto es la pérdida de los siete hijos y su esposa como consecuencia de un ataque en tiempos de paz. Lancho recuerda que ese daño moral irresarcible fue cuantificado en la medida de los caudales de este español hundidos con la fragata. Pero que no se compensó a don Diego su pérdida económica, como tampoco hizo Inglaterra con los demás supervivientes de «La Mercedes» ni con los herederos de las otras 263 víctimas de aquel infame ataque. «Es evidente la carencia de título jurídico alguno por parte del Reino Unido, lo que no deja de resultar llamativo semejante intento de resarcirse sobre los despojos de los asesinados en el suceso de la Mercedes, lo que viene a demostrar que estamos ante gentes muy lejos de la altura de Fox o Pitt, y de quienes se enfrentaron al tirano de Europa, aunque visto el papel del embajador en el asunto de Gibraltar y el contencioso con Odyssey el público no espera menos».

Cabe recordar que la indignación de la opinión pública por la crueldad de la agresión a la flotilla española presionó al Gobierno británico de 1804. Y resulta desde el derecho difícil de entender que aquel ataque a traición vaya a tener, para más inri, otra compensación. Según documenta el historiador Agustín Ramón Rodríguez las fuerzas no estaban igualadas, debido al mayor calibre de los cañones británicos, ya que aquellos corsarios no corrían riesgos durante su rapiña.

Los herederos ya no tienen derechos que defender en Tampa, sino España

La conclusión del estudio llevado a cabo por José María Lancho es definitiva: los damnificados por el hundimiento de «La Mercedes» «fueron indemnizados por el Reino de España antes de 1870 o bien vieron prescritos sus derechos o caducadas sus reclamaciones por defecto de algún documento». Por tanto resulta risible que ninguno de sus descendientes actuales quiera entrar en el litigio de Tampa que enfrenta a los cazatesoros con el Estado español. «Esto determina, definitivamente, la inviabilidad jurídica de la estrategia de Odyssey Marine Exploration para poder apoderarse al menos de parte de la carga del pecio de «La Mercedes»». Según el abogado, «incluso si llegara a admitirse la ficción de que en un pecio de Estado hay una excepción a la inmunidad soberana en relación a cargas de titularidad privada, lo cierto es que el Reino de España al indemnizar a las víctimas por los haberes perdidos en el buque hundido, sucedió en el derecho de las mismas a esas mismas cantidades».

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Será casualidad pero, en 1870, al mismo tiempo que caducaban los derechos de las víctimas sobre los bienes apresados por el inglés, aparecía el libro de Sabina Alvear y Ward sobre su padre, el general español cuya tragedia conmovió a todos en 1804. Lo recuerda el tataranieto de don Diego de Alvear y Ponce de León, José Ramón de Alvear, en declaraciones a ABC.

Su tatarabuelo venía de Argentina, donde su labor se había vuelto imposible: estaba documentando el levantamiento de la frontera entre España y Portugal, en lo que hoy es la linde de Argentina con Brasil y Uruguay. «Pero la guerra terminó con el encargo de la Comisión de Límites Conjuntos. Allí los ánimos estaban soliviantados -nos relata- por la guerra civil entre realistas y revolucionarios. Hubo tantos resquemores que en Europa se consideraba traición el trato con los rebeldes. Tal vez por eso su hija tardó tanto en publicar el libro».

Pero es cierto que «a mi tatarabuelo lo indemnizó Inglaterra bajo palabra. Y como volvió a casarse con una inglesa decía que le habían devuelto su fortuna, su mujer y sus hijos». Fue la ventura de un hombre corajudo cuya tragedia había conmovido incluso al monarca británico Jorge III. Aunque lo cierto es que el rey que indemnizó al general por daños morales causados, le nego la petición idéntica que hizo para sus hombres. «El ataque de Inglaterra fue un acto de piratería, porque la guerra era entre Francia e Inglaterra. Aunque tengo un pariente que me corrige y dice que es más bien un acto de corsarios, que apresaban nuestros barcos al servicio de la Corona inglesa». Relata cómo su antecesor tuvo que ponerse al mando de los buques durante el ataque y lo traicionero que fue. El general regresaba a su destino, en Cartagena, y «tuvo que tomar el mando por enfermedad del general Bustamante». La familia no piensa litigar ahora, «todo esto es agua pasada», dice su descendiente.

No tanto le parece la actuación de los cazatesoros en este caso. «Lo de Odyssey es una vergüenza», dice sencillamente. «Es piratería pura y llana, porque hablamos de un buque de guerra en el que también viajaban particulares, como suele ocurrir en las guerras». ¿Y si Gran Bretaña entra en el litigio para exigir un trozo del tesoro? «La presa fue ilegítima y sería un doble acto de piratería». Hablamos de historia y de personas notables. De arqueología y yacimientos destrozados, de cementerios marinos y de memorias familiares.

«Mientras mi tatarabuelo estuvo en Plymouth, los españoles exigían vigilancia para evitar el pillaje que la marinería inglesa hacía sobre los caudales de los barcos». Hombre de honor, Alvear pedía en Londres también «los daños y perjuicios a tantos inocentes por la muerte de sus padres, hermanos y parientes que después de sacrificar sus vidas han perdido también todo su haber en su caja de soldadas». El ministro de Marina Canning aprobó la peticion personal de Alvear y negó otra reparación al resto de 52 supervivientes, aduciendo que no los representaba.

Jesus García Calero, Madrid, ABC, lunes, 13 de octubre de 2008

1808: «La primera mención a la Nación se hizo al formarse la Junta Suprema»

Hoy se cumplen doscientos años de la creación en Aranjuez de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, un punto de inflexión fundamental en el desarrollo de la Guerra de la Independencia, pues supuso la centralización de los poderes ejecutivo y legislativo que conducirá a la convocatoria de las Cortes que redactarán en Cádiz la primera Constitución española.

Si en mayo asistíamos a la conmemoración del primer levantamiento popular contra las fuerzas napoleónicas (el Dos de Mayo madrileño), una revuelta en la que la nobleza y la iglesia no tuvieron parte; y después, a los aniversarios de los alzamientos de las Juntas provinciales (integradas por nobles antigodoyistas, clérigos y ciudadanos notables); ahora, tras la primera derrota infligida a Napoleón en campo abierto (la Batalla de Bailén, ya recordada el 19 de julio), la España insurgente se dota a sí misma de instituciones capaces de asumir el poder del Estado en ausencia del Rey.

El historiador Emilio de Diego -autor, entre otras obras, de España, el infierno de Napoleón (La esfera de los libros)- señala a ABC que en los archivos de Martín de Garay (miembro de diversas comisiones de Hacienda durante el reinado de Carlos IV, amigo de Jovellanos, secretario de la Junta Suprema Central, luego ministro de Fernando VII y autor, en 1817, de la reforma hacendística que salvó al Estado de la bancarrota) se encuentran «documentos muy poco conocidos en los que se hace la primera mención expresa a la Nación». Estos documentos los custodia una de sus descendientes, Nuria Alonso, que ha realizado una biografía de Martín de Garay. «Se trata del Reglamento para la Junta -explica De Diego-, que se redactó en octubre de 1808, cuyo Capítulo III se refería a los vocales y en su Artículo I se especifica que los vocales de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, reunidos en cuerpo, representan a la Nación entera, y no individualmente a las provincias de las que son diputados».

Y eso, ¿exactamente qué quiere decir? «Por primera vez en nuestra historia se está diciendo que ésta no es la España de los Reinos, sino la España de la Nación. Además, ya se señala, antes de la Constitución de 1812, que la soberanía reside en la Nación, no en sus partes. Todo lo cual rompe todo este debate populista sobre la Nación de naciones o de nacionalidades, pues estos términos son polisémicos. Pero en lo político, se circunscribe a un significado, y es que la Nación es una, y es España», concluye.

Tulio Demichelli (Madrid): 1808: «La primera mención a la Nación se hizo al formarse la Junta Suprema», ABC, 25 de septiembre de 2008

Memorias de Queipo de Llano, o cómo el general sublevado se enfrentó a Franco

"La historia hay que mirarla desde los dos lados e intentar apartar los sentimientos, incluso en un hecho tan dramático como fue la Guerra Civil". Con esta premisa, el escrito Jorge Fernández-Coppel se ha sumergido en los archivos del general Queipo de Llano, histórico de los sublevados -responsable del levantamiento de Sevilla- para reescribir las memorias de este personaje, odiado o venerado, según la óptica con que se mire, pero clave en la historia española del siglo XX.

Portada del libro

A saber, luchó en la Guerra de Cuba y contra la monarquía de Alfonso XIII. Era íntimo de Primo de Rivera, aunque después se enemistaron y peleó por la República. Medía 1,90 metros y era un hábil espadachín, padre de cuatro hijos. Fue destituido y encarcelado en prisiones militares; y regresó como heróico militar en la II República. Tenía una excelente relación con el presidente Niceto Alcalá Zamora, pero muchos encontronazos con Azaña. "Es un personaje que hubiese encajado mejor en el siglo XIX", resume Fernández-Coppel, autor de 'Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil'.

Todos estos pasos previos se recorrerán en un segundo libro. El que ahora edita la Esfera de los Libros se centra en una etapa clave: la Guerra Civil; en el momento en el que el entonces Inspector General de Carabineros de la II República se suma a los golpistas y en los acontecimientos que se vivieron después. "Los militares que preparaban el golpe no confiaban en él. Al fin y al cabo, era un mando que había luchado para que se instaurase la República. Fue él quien se acercó a Mola, que al principio desconfió", cuenta Fernández-Coppel. Finalmente, se le encomendó la sublevación de Sevilla.

Enfrentamientos con Franco

Durante la guerra estuvo de acuerdo en que Franco fuese nombrado generalísimo, aunque siempre se consideró superior a él. Después llegaron los enfrentamientos. Queipo de Llano no dudó en criticar públicamente las decisiones del mando supremo del Ejército y éste optó por enviarle a un exilio dorado en Roma, lo que le comunicó el 19 de julio de 1939, como se refleja en el libro. Desde allí escribió todo tipo de textos en contra de Franco, también reflejados en la obra.

'Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil' muestra otras curiosidades. Por ejemplo, la carta en la que el propio Queipo de Llano cuenta que avisó a Niceto Alcalá Zamora, de que se estaba preparando la sublevación. O la que, el 3 de junio de 1947, envía a Franco para decirle que no lleva a España bien, que se marche y traiga la democracia. Y desmonta mitos, como el de que era masón o borracho. Muy al contrario, había padecido una enfermedad hepática que le impedía beber. "El personaje histórico tiene que cargar con sus penas y con sus culpas, pero no con otras", sentencia el autor.

Para conocerlas, Jorge Fernández-Coppel ha tenido acceso a los documentos del general que guardaban sus hijos. Estaban en el cortijo de Gambogaz. "Había allí un desorden tremendo y me sorprendió que tenía una gran cultura", recuerda. Tras años sumergido en estos papeles, llega a las librerías su obra.

Memorias de Queipo de Llano, o cómo el general sublevado se enfrentó a Franco, El Mundo, 23 de septiembre de 2008

La mayor fosa común de España

El paso del tiempo ha hecho del Valle de los Caídos una enorme fosa común 50 años después de su inauguración. No se conoce el número exacto de víctimas de la guerra civil que allí reposan. No hay constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento, ni de la existencia de nichos o columbarios. No hay planos. Buena parte de los restos fueron introducidos desordenadamente en cavidades estructurales del edifico de tal manera que cualquier intento de localización es imposible. Y para remate, el Valle de los Caídos es un complejo edificio regido por un Patronato ficticio que no se ha constituido nunca y una Fundación que carece de miembros. El vacío legal que rodea al mausoleo no tiene parangón con ningún otro edificio público en España.

La cruz del Valle de los Caídos. Bernardo Pérez

Cualquier referencia a los órganos gestores del Valle de los Caídos se remite a decretos de constitución de un Patronato del Valle de los Caídos y una Fundación de la Santa Cruz presididos por Francisco Franco mediados los años 50. La opinión de los historiadores de que aquella obra, cuya construcción duró casi 20 años, fue un empeño personal de Franco es exacta. No hay constancia de actividad en ambas instituciones. Llegada la democracia, ese vacío legal está sin resolver desde hace 30 años.

Los Gobiernos de la democracia han actuado respecto del Valle de los Caídos como si se tratara de una herencia maldita. El Gobierno de Calvo Sotelo dictó una ley reguladora del Patrimonio Nacional en fecha 16 de junio de 1982 y evitó referirse al Valle de los Caídos expresamente (lo citaba como el monumento derivado del decreto ley de 23 de agosto de 1957). El Valle de los Caídos no constaba en el listado de edificios pertenecientes a Patrimonio Nacional, organismo dependiente de Presidencia del Gobierno, aunque había una referencia a este monumento en una disposición adicional. Tiempo después, un real decreto del Gobierno socialista de 25 de enero de 1984 creaba una comisión encargada de elaborar el régimen jurídico de los bienes adscritos al Valle de los Caídos. Pero esa comisión, formada por representantes de varios organismos, nunca se reunió. Ninguna otra disposición legal sobre este monumento se ha producido desde entonces. Jurídicamente, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según expertos consultados, no existe aunque se la mencione reiteradamente. Tampoco el Patronato.

El Gobierno desconoce, por tanto, todo cuanto afecta a los restos de víctimas allí depositados. Patrimonio Nacional no dispone de los planos originales del Valle de los Caídos, "que deben de estar en poder de la familia del arquitecto Diego Méndez", según fuentes de dicha institución.

Muy pocos historiadores han investigado el traslado de víctimas de la guerra civil al Valle de los Caídos, hecho del que existen pocas referencias bibliográficas a pesar de que fue una operación a gran escala diseñada desde el ministerio de la Gobernación a partir del 30 de diciembre de 1957, que es cuando hay constancia documental de una primera referencia oficial al traslado de restos mortales. Alguna documentación está depositada en el Archivo General de la Administración (AGA) pero es incompleta.

A partir de ese momento, se suceden decretos y órdenes dirigidas desde Gobernación a los Gobiernos civiles, Ayuntamientos y Guardia Civil. La decisión inicial de contar con la autorización de los familiares para el traslado de sus restos se deja a un lado con posterioridad, a la vista de las reticencias (incluso la oposición) de familiares de los caídos en el bando de Franco. Se tiene constancia de numerosas negativas a dicho traslado. Las más destacadas fueron las de los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, y de los descendientes de personalidades de renombre como Calvo Sotelo y Arturo Soria. Se produjo entonces una orden de exhumación masiva de fosas comunes, a partir de datos procedentes de gobiernos civiles, ayuntamientos e incluso cementerios parroquiales. Esa exhumación masiva y desordenada es la causa de que todavía sea imposible establecer una cifra exacta de restos inhumados en el Valle de los Caídos. El listado elaborado a mano que custodian los benedictinos señala un total de 33.847 entradas de restos, de los cuales unos 20.000 están sin identificar. De ahí que, aún hoy, se cite que puede haber en el Valle de los Caídos entre 40.000 y hasta 60.000 restos de víctimas. No hay precisión sobre el número que corresponden al bando republicano. Tampoco de las que corresponden a fallecidos en ejecuciones.

Finalmente, no existe constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento. No hay datos sobre las empresas que hicieron esa labor o los operarios que intervinieron en la inhumación.

Buena parte de los restos fueron introducidos en cavidades con la obra todavía inacabada, según fuentes de Patrimonio, de tal forma que los restos "terminaron formado parte de la estructura del edificio". Las cavidades fueron selladas y son inaccesibles. El único resultado de esta confusa explicación es que cualquier intento de recuperación de algún resto es tarea imposible. "Hay cavidades que son materialmente inaccesibles y otras que están selladas desde hace 50 años. La presencia de fuertes humedades habrá hecho el resto".

En los últimos años, decenas de familiares han solicitado información sobre la ubicación de los restos de sus antepasados. Patrimonio se ha limitado a dar la información que consta en el libro manuscrito, incluso datos aparentemente precisos sobre un número de columbario. Pero estos datos no se corresponden con ningún plano. Ese hecho es extensivo a todos los restos allí depositados. La intención de algunos familiares de recuperar restos "es irrealizable" afirman en Patrimonio.

Luis Gómez (Madrid): La mayor fosa común de España, El País, 21 de septiembre de 2008

Poco control y a distancia

Patrimonio Nacional gestiona algunos aspectos del Valle de los Caídos, tales como el mantenimiento del edificio, la venta de entradas o la seguridad. No ejerce ningún control sobre la basílica, la hospedería, el centro de estudios o la escolanía, cuya gestión depende de los monjes benedictinos, "que darán cuenta a sus superiores de cuanto allí realizan", afirma una fuente de Patrimonio. La relación entre benedictinos y Patrimonio es correcta pero distante.

Sobre los actos que allí se celebran, Patrimonio sólo ejerce un control "por razones de seguridad" de los relacionados con el 20-N. Para dichos actos, de contenido político y exaltación del anterior régimen, sí hay una serie de limitaciones y se ejerce un control de acceso de visitantes. El resto del año son los benedictinos quienes disponen de cuantas misas y eventos se organizan en el interior. Lo mismo sucede con la gestión de la escolanía y de la hospedería. El pasado 14 de septiembre se celebró en la basílica un acto religioso en conmemoración de los 50 años de la inauguración del mausoleo, acto presidido por Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que pasó totalmente inadvertido.

Luis Gómez (Madrid): Poco control y a distancia, El País, 21 de septiembre de 2008

«Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva»

Historiador, militante del PSUC durante la Transición, hoy profesor de Historia Contemporánea de la Autónoma de Barcelona, Ferran Gallego ha dedicado buena parte de su obra al estudio de la extrema derecha y el fascismo en España y Europa. Ahora Crítica pone en manos de los lectores El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), un extenso ensayo (836 pp.), tan irritante a trechos como incorrectamente político, en el que denuncia los pecados originales de nuestro actual sistema político.

El historiador comienza señalando a ABC que «la Transición no empieza con la muerte de Franco, sino que se corresponde con la «crisis orgánica» del régimen a partir de la muerte de Carrero; crisis que anima los proyectos «asociativos» de Arias, que son un intento de pluralismo interno del régimen y que coinciden con la organización de la oposición en organismos unitarios como la Junta y la Plataforma en 1974».

El impulsor del espíritu del 12 de febrero «se encuentra en un territorio de extrema ambigüedad entre sus lealtades personales y Arias se pregunta si está siendo leal al régimen... Pero allí también había otros reformistas, por ejemplo, Utrera Molina, quien reivindicaba la vigorización de la democracia orgánica que, según él, no se había desarrollado. Luego estuvo el proyecto de Fraga -una democracia limitada- durante el primer gobierno del Rey, y que yo creo que era el monárquico, porque dura mucho, aunque fracasa por la gran movilización de la calle durante el primer semestre de 1976».

Un afirmación dudosa, pues autores tan poco sospechosos como Javier Tusell han interpretado que el paso de ese proyecto en la comisión mixta fue para dar tiempo al proyecto de Fernández-Miranda y Suárez. «No se sabe dónde está Suárez ni tampoco dónde están las Cortes, pues ofrecen mucha más resistencia al proyecto de Fraga -el 40 por ciento vota en contra- que al de Suárez. Yo creo que la mayor parte del aparato del régimen era reformista y que se magnificó el inmovilismo para magnificar el reformismo. Se desplaza la contradicción «reforma o ruptura» a «inmovilismo o reforma». Pero, ¿quiénes eran los inmovilistas? Blas Piñar o Girón no creo que tuvieran detrás ni siquiera a Franco, que había dicho que Piñar era un... exaltado».

«Del Poder al Poder»

Para Gallego, el «mito» que titula su libro son varios mitos. Entre ellos, se encuentra el de haber ido «de la ley a la ley cuando se fue del poder al poder». Asimismo mítico fue el protagonismo casi exclusivo del Rey y de Adolfo Suárez, cuando «se trató de un proceso histórico complejo, con proyectos distintos dentro del régimen; y en el exterior, con movilizaciones de la oposición y conflictos durísimos en los que hubo muertos, y que llevaron a un proyecto constituyente como resultado de unas elecciones en las que la izquierda mostró una fuerza superior a lo que el gobierno esperaba. Y la derecha mostró una potencia mayor de lo que la izquierda creía. Una situación que llevó a cierto empate técnico debido a una correlación de debilidades».

Admite el autor que «los españoles estaban votando por un cambio sin riesgos y no por una ruptura. La izquierda, por su parte, pensaba que a la muerte del dictador el régimen se iba a colapsar; entonces la gente saldría a la calle ese buen día porque todo el mundo estaba por la ruptura menos unos cuantos militares y algún cura. Eso, que alimentaba el llamado «Pacto por las libertades», fue algo que el PCE pagará muy caro y el PSOE no, aunque pensaba lo mismo».

Pero la debacle comunista también se debió a otros factores. «Felipe González no quería una salida a la italiana, en la que la fuerza de la izquierda estuviera compartida entre PSOE y PCE. Así, la capacidad táctica de Felipe primero pasa por cargarse a los otros socialistas, como el PSP de Tierno. Luego, el éxito rotundo del PSOE pasaba por laminar completamente al PCE. Esa estrategia se emprende antes de la muerte de Franco, con la Plataforma por una parte, la Junta por otra. Y ya cuando se integra la Platajunta, ésta no impulsa un programa de coalición, sino un acuerdo para ponerse a negociar las elecciones con el gobierno. Y es que Felipe prefiere que las gane UCD si el PSOE se convierte en el gran partido de la izquierda».

A lo largo del libro, Gallego deslegitima a los reformistas por su vinculación al régimen franquista, que funda su legitimidad en la «victoria» del 39, y de paso, al Rey, que en principio encarna a la Monarquía del 18 de julio. «La suya tenía que ser una legitimidad de proyecto. No una legitimidad del pasado: ni dinástica, que la tenía Don Juan, ni franquista, que era impresentable. El Rey aparece como el gran elemento que permite la fusión de campos. La fusión de campos que se lo creen porque el Rey va hacia allí (a la reforma), y de los que están con él porque se debe aceptar la orden (que da Franco) de apoyarle».

Lo que abre la vía a otro mito, el de que se han convocado Constituyentes. «Suárez no se plantea hacer una Constitución». Y eso a pesar de que Gallego distingue que no se aprueba «una Ley de la Reforma sino para la Reforma Política», lo que implica que esa tarea la harán las Cortes que se elijan.

Partido reformista institucional

Y ahí surge otro problema. Y es que a partir de ese momento las cosas podrían haberse hecho de otra forma, como pedía la oposición: un gobierno de coalición o de personalidades que garantizara la limpieza del proceso y diseñara la ley electoral. «Lo que sí hace el Movimiento es crear un partido gubernamental, reformista institucional, que le permita controlar el cambio y aglutinar a los sectores que querían un cambio sin riesgos. Todo se hace de una forma impecable pero lo cierto es que el mapa político que van a crear las elecciones lo fijan Suárez y UCD en condiciones dudosamente democráticas. Aunque luego no conseguirán la mayoría absoluta para determinar el contenido de la Constitución».

Este libro aparece en un clima de revisionismo histórico en el que se ha llegado a hablar de la necesidad de una «segunda Transición». «Pero eso antes que Zapatero ya lo dijo Aznar. En fin, la Transición se hizo con un consenso puntual y lo que no podemos es convertir la vida política en un consenso permanente del que se expulsa al que no esté de acuerdo por haber perdido las elecciones, o al que se ha vuelto loco por ganarlas. Hay que mantener, eso sí, el consenso constitucional que va acompañado del derecho de reformar la Constitución cuando al pueblo español le dé la gana. Y reconocer que hubo quien ganó y quien perdió. Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva...»

Pero no eterna... «Decir «definitiva» es la forma laica de decir «eterna»», ironiza.

Tulio Demicheli (Madri): «Las condiciones de la Transición hicieron que la hegemonía del PSOE sea definitiva», ABC, 19 de septiembre e 2008

Juicio a la barbarie

El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliado.

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Cadáveres en una calle de Sevilla, tres días después de estallar el golpe de 36. EFE

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".

Luis Gómez y Natalia Junquera: Juicio a la barbarie, El País / Domingo, 14 de septiembre de 2008

Víctimas apócrifas de la Guerra Civil en Córdoba

Es un lugar común afirmar que la primera víctima de la guerra es la verdad. En Córdoba, la primera víctima de la Guerra Civil fue la inocencia. La de una niña de cuatro años llamada Concepción Sánchez Marfil. Ella estrenó la fosa común del cementerio de la Salud el 27 de julio de 1936, diez jornadas después de que estallara el conflicto armado. La pequeña falleció días antes en el extinto Hospital de Agudos de la ciudad a consecuencia de los hachazos que le propinaron en la cabeza elementos republicanos en Almodóvar del Río el 23 de julio, según las pesquisas que ha seguido Patricio Hidalgo Luque, un investigador que ha elaborado una extensa base de datos que documenta la muerte de 2.416 personas en Córdoba capital durante la contienda fratricida. Esta relación excluye a los soldados caídos en el frente.

El bando, según el ejecutor

Basado en datos del Registro Civil, los libros de los cementerios de la Salud y San Rafael, las noticias y los partes de la Prensa local y los archivos de la prisión, el exhaustivo trabajo de Hidalgo huye de los partidismos y de las ideas preconcebidas. «Al plantearme estudiar las víctimas de la Guerra Civil en Córdoba -afirma el investigador- me propuse incluir a todas, independientemente del bando a que pertenecieran, lugar de la muerte o cualquier otra circunstancia». «La única condición era que su muerte estuviese documentada de alguna manera en Córdoba: las he diferenciado como «R» (republicanas) o «N» (nacionales) , sin que ello conlleve la adscripción de la víctima a ese bando, sino simplemente el bando que le dio muerte», añade Patricio Hidalgo.

La honestidad intelectual y la minuciosidad de datos que caracterizan su investigación ponen de manifiesto que la elaboración de un censo de caídos en el conflicto bélico entre 1936 y 1939, como pretende hacer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, es una tarea que siempre quedará incompleta o, al menos, sometida permanentemente a la aparición de nuevas fuentes de información.«Ni todos los muertos que yacen en las fosas comunes de los cementerios cordobeses son fusilados ni todas las víctimas del bando nacional han sido reconocidos», declaraba el investigador en una entrevista que publicó este periódico el pasado viernes. Es más, en los registros de las fosas comunes y en los de fallecidos por fusilamiento aparecen, tal y como ha demostrado Hidalgo, personas que en realidad nunca fueron ejecutadas. Simplemente, huyeron de la ciudad al estallar la Guerra porque temían por su integridad o, en ocasiones, salieron vivas de la tapia del cementerio pero, sin embargo, fueron contabilizadas como si el tiro de gracia hubiera sido certero. Las historias de estos supervivientes son similares a la que ABC relató el pasado miércoles 3 de septiembre sobre Eugenio de Azcárraga, un alferez del Ejército de Franco que fue dado por muerto y figura en las listas de inhumados en el Valle de los Caídos. «Si Garzón quiere saber qué hago enterrado en el Valle de los Caídos, que me llame», declaró este ex combatiente.

Parecido fue el caso de un conductor del Regimiento de Artillería de Córdoba llamado Carmelo Lavadía. Igual que Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange Española que fue fusilado por tropas republicanas a final de la Guerra en Cataluña pero escapó con vida, Lavadía sobrevivió al paseo que le dieron para acabar con sus días. «Lo hicieron prisionero junto a otros conductores de su regimiento, y salió vivo de la ejecución, pero no se dieron cuenta y lo anotaron como muerto», relata Hidalgo. «Este señor vivió muchos años después de la Guerra, hasta el punto que se jubiló como trabajador del matadero municipal», añade el estudioso. Carmelo Lavadía falleció hace no muchos años. Sin embargo, el nombre de este conductor -no era militar profesional, sino un civil que prestaba sus servicios al Ejército por su destreza en el manejo de camiones- está incluido en el listado de bajas de un libro editado al final de la contienda por el regimiento al que pertenecía, en el que se detallan tanto los hechos de armas en los que participó su unidad como los caídos en el conflicto.

Regimiento de Artillería

Patricio Hidalgo ha dado con más casos de este mismo tipo. El de Vicente Lombardía es uno de ellos. Dueño de unos laboratorios farmacéuticos ubicados en la calle San Pablo, el nombre de este ciudadano aparece en el listado de la prisión provincial como fusilado. Nunca fue ejecutado. El investigador indica que «la última pista que tengo de él se sitúa en Alcañices, provincia de Zamora: ahí fue donde lo desterraron [las autoridades militares] y allí estuvo bajo la tutela del Gobernador Civil de Zamora para que no se moviera hasta nueva orden».Pero por qué incluyen a este ciudadano la mayoría de los listados de fusilados y desaparecidos de la Guerra, como los que ha realizado Francisco Moreno Gómez. La respuesta la da Patricio Hidalgo: «Porque en el Registro se le hace una declaración legal de muerte, porque pasaron años sin que diera señales de vida una vez que fue desterrado a Zamora». Al parecer, la familia decidió con el paso del tiempo inscribirlo como desaparecido en los listados oficiales, con el fin de poder disponer de sus bienes. «Más allá de lo que acabo de contar, no he logrado saber qué pasó con ese hombre», señala Hidalgo.

De Francisco Morales Valverde sí hay más datos y su historia se puede recomponer con más precisión. Dado por fusilado en la mayoría de los estudios, el investigador que ha facilitado a ABC las historias que se relatan en este artículo ha demostrado que Morales salió huyendo de Córdoba en cuanto estalló la Guerra. Temía por su vida. «Morales escapó de la ciudad por la Sierra, por donde entonces era sencillo esconderse porque no había parcelaciones como ahora». Consiguió llegar a Madrid, donde tenía familia, que lo acogió. Desde allí mandó una carta a través de la Cruz Roja a su esposa, diciéndole que estaba bien. En la misiva le envió también una foto vestido de carabinero de la República, cuerpo al que acababa de alistarse. Hidalgo ha visto esa foto, que conserva la hija de Morales, que nunca conoció a su padre. Cuando huyó, su esposa estaba embarazada. La hija supo por Hidalgo en qué fecha aproximada murió su progenitor. Hasta entonces le daba una misa en el aniversario de su huida de Córdoba, que es el día que ella contaba como el de fallecimiento. «Morales sale en el Boletín Oficial del Instituto de Carabineros, que yo consulté a través del Archivo de Salamanca: asciende a cabo y a sargento a título póstumo», indica el investigador. Su muerte coincide con la batalla de Brunete. Murió entre Las Rozas y El Escorial; en una carretera que une ambos núcleos estaba desplegada su unidad en junio de 1937. Allí le mataron, en pleno combate, no fusilado. Su familia no sabe dónde está enterrado.

Rafael A. Aguilar (Córdoba): Víctimas apócrifas de la Guerra Civil en Córdoba, ABC /Córdoba, 7 de septiembre de 2008

El Ayuntamiento de Córdoba colaborará con las investigaciones sobre las víctimas de la guerra civil

El Ayuntamiento de Córdoba presentará al juez Baltasar Garzón los datos de los libros de cementerios entre 1936 y los años 50 como principal documento que posee en el Archivo Municipal y que recogen referencias de las personas enterradas en los cementerios municipales en la Guerra Civil y la posguerra.

El responsable del equipo de Documentación e Historia Oral del Archivo Municipal, Rafael Morales, ha explicado a Efe que el Consistorio posee los denominados libros de cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud correspondientes, entre otras fechas, al periodo comprendido entre 1936 y la década de los 50, años en los que se registró un mayor número de desaparecidos y fusilados. En el caso del Ayuntamiento cordobés, "ha tenido mucha suerte" porque posee la práctica totalidad de los libros de cementerios, en los que se registraban parte de las entradas de cuerpos de personas fusiladas durante la contienda y los años posteriores. No obstante, Morales ha especificado que existen muchos casos en los que no se identifica el cuerpo sino sólo que la persona pereció por muerte violenta, anotado con las iniciales m.v., y que va a parar a una zanja del cementerio o fosa común. Esta situación varía en el caso de los fallecidos del bando nacional, ya que, por lo general, en los libros de cementerios constan con todos sus datos, eran enterrados en sus tumbas y se acompañaba la leyenda "caídos por Dios y por España".

Además, Morales ha señalado que al principio de la Guerra Civil, había "mucho descontrol" en cuanto a los fallecidos, por lo que no todos los muertos llegaban al cementerio y cuando era así era muy común que llegaran varios cuerpos a la vez, hasta varias decenas, que se registraban sólo con el número total de cadáveres. Morales no ha especificado el número de personas registradas en estos libros, y ha añadido que se trata de la única documentación que se puede aportar, si bien para conseguir datos más rigurosos ha dicho que habría que cruzar estos datos con otros como archivos de la Segunda Región Militar, de la Administración, registros de las cárceles, registros civiles y la prensa de la época, entre otros.

En este sentido, ha indicado que se trataría de un trabajo laborioso y largo en el que ya han profundizado expertos como el historiador Francisco Moreno Gómez, un referente en Córdoba, y otros investigadores como Patricio Hidalgo o Juan Galán. Según Rafael Morales, en Córdoba "se ha avanzado mucho" en este aspecto, de hecho, en el Archivo Municipal se lleva trabajando varios años en ello y se han atendido peticiones individuales de familiares de desaparecidos y fusilados que intentan recabar información. En el caso de Córdoba y según consta en los libros de cementerios, la mayoría de los fallecidos se repartieron entre el camposanto de Nuestra Señora de la Salud y, en mayor número, en el de San Rafael, aunque existen dificultades para localizar las fosas debido al paso de los años.

El Ayuntamiento de Córdoba presentará a Garzón datos de los libros de cementerios, Diario Córdoba, 4 de septiembre de 2008

Investigaciones sobre las víctimas de la Guerra Civil en Córdoba

Patricio Hidalgo, que es autor de una extensa base de datos que identifica a 2400 fallecidos en la contienda civil, ha sido el primer estudio que ha accedido a los archivos de la cárcel. Todos los que están en las fosas comunes no fueron fusilados, advierte

¿Hasta dónde se puede llegar en la elaboración de un censo de fusilados?

-Ante todo debo aclarar que yo he elaborado una base de datos con unas 2.400 víctimas de la Guerra Civil que he logrado documentar en Córdoba capital, en la que incluyo los muertos de ambos bandos. Creo que todas las víctimas merecen un reconocimiento por el hecho de haber muerto en aquella contienda fratricida. El argumento de que las víctimas del bando nacional tuvieron cuarenta años para ser honradas no me convence, al menos no en todos los casos, ya que en las fosas comunes de los cementerios cordobeses fueron inhumados bastantes cadáveres de víctimas de los bombardeos aéreos republicanos sobre la ciudad de los que no tengo constancia que hayan sido reconocidos de ninguna manera. Ni todos los que están en las fosas comunes son fusilados ni todos los muertos del bando nacional han sido reconocidos.

-¿Pero cree usted que se puede elaborar con cierto rigor una relación de las víctimas de la contienda fratricida, sean del bando que sean?

-Se puede llegar hasta donde las fuentes documentales lo permitan. Hace unos meses obtuve permiso de la directora general de Instituciones Penitenciarias para acceder al archivo de la antigua prisión provincial de Córdoba, custodiado en el nuevo centro penitenciario. Este archivo está bastante bien conservado y me ha permitido añadir a la base de datos los nombres de 395 fusilados que no estaban identificados ni en los libros del Registro Civil ni en los de los cementerios, si bien estaban cuantificados en estos últimos como «cadáveres desconocidos». El archivo de la prisión ha complementado muy satisfactoriamente las fuentes anteriormente empleadas, que son los libros de defunciones del Registro Civil y los libros necrológicos de los cementerios.

-¿Aparecerán otras fuentes documentales en Córdoba?

-Es difícil de decir, no sabemos lo que queda, pero en cualquier momento puede surgir la sorpresa. Tenga en cuenta que en la prisión han aparecido las órdenes para las sacas de los presos, y las copias de estas órdenes que debieron quedar en la Jefatura de Orden Público o en el Gobierno Civil fueron destruidas en fecha indeterminada pero no posterior a 1976 o 1977. Al parecer, no se tuvo en cuenta que la copia de parte de aquella documentación destruida estaba enterrada en el archivo penitenciario. Entra dentro de lo posible que aparezca documentación adicional en algún lugar insospechado.

-¿Dónde están las fosas comunes de nuestros cementerios?

-El cementerio de la Salud ha sufrido pocas transformaciones y parece ser que la fosa común está bastante bien ubicada, bajo los cuadros de sepulturas de adultos situados al fondo del cementerio. Recientemente ha estado en Córdoba un arqueólogo de la Sociedad Aranzadi, que ha actuado en numerosas excavaciones de fosas en toda España, al objeto de hacer un informe preliminar para estudiar la exhumación de los restos del diputado socialista por Málaga Luis Dorado Luque, fusilado en nuestra ciudad y enterrado en la fosa de la Salud. El nieto de Dorado, Antonio Gutiérrez, ha presentado al juez Garzón una iniciativa particular para ello.

-¿Y en San Rafael?

-Este camposanto ha sufrido bastantes cambios y ampliaciones. En el acta de la sesión de la Comisión Gestora Municipal correspondiente al 19 de julio de 1937 se lee que la fosa común de San Rafael se utilizará con una tongada más de cadáveres y que se abrirá una nueva fosa en la zona de ampliación del cementerio en los terrenos recientemente adquiridos. Creo que el cementerio terminaba en la parte lindante con el colegio público Algafequi. Allí, en el hoy denominado Cuadro Único, se enterraron seis soldados musulmanes en agosto de 1936, y la nota de esta inhumación aclara que en ese lugar estuvo la sala de autopsias. Justo al lado está el recinto Evangélico, reservado entonces para «disidentes», es decir, personas que no podían ser enterradas en sagrado. Esta zona era el fondo del cementerio, la menos visitada, y pienso que por allí debió estar la fosa común, hoy probablemente cubierta por bloques de nichos. Queda por saber si en algún momento se levantaron los restos.

-Aunque ya ha citado las fuentes principales, ¿adónde debe acudir quien quiera saber quién murió en la contienda?

-Hay que basarse en los libros de defunciones del Registro Civil, los libros necrológicos de los cementerios y los expedientes penitenciarios de la época. La información que pueda hallarse en los Tribunales Militares Territoriales supongo que sólo corresponderá a los fusilados por una sentencia del Consejo de Guerra Permanente, que empezó a actuar en Córdoba sobre febrero de 1937. Estos fusilados están inscritos en el Registro Civil por orden de los jueces militares y ya eran conocidos. No creo que haya información sobre los fusilados por Bando de Guerra. Para los casos de víctimas de bombardeos o de aquellas personas que fueron heridas por republicanos en los pueblos los primeros días de la guerra y que fallecieron en centros sanitarios de la ciudad, he intentado buscar, sin éxito, los archivos de la Casa de Socorro. Existe alguna documentación del Hospital de Agudos en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial.

-¿Tiene sentido que Garzón sólo haya pedido datos a los ayuntamientos y a la Iglesia?

-En el caso de la Iglesia, no alcanzo a comprender que espera obtener el juez Garzón, a no ser que se haya contagiado de esa corriente que pretende explicar la Guerra Civil y sus consecuencias en base al triángulo casino-cuartel-sacristía. Que pida información a los ayuntamientos sí es lógico, pues además de la información de los cementerios cuentan con los padrones, que pueden informar, más que sobre fusilados, sobre huidos. A propósito de esto, hay que ir con prudencia para no dar por fusiladas a personas que lograron fugarse de Córdoba o que fueron confinadas en otras localidades.

-¿Piensa usted que tiene sentido abrir un juicio a los autores de los crímenes 70 años después?

-Rotundamente, no. Ni siquiera en el caso de que se juzgaran los crímenes de ambos bandos. En mi opinión es hora de dejar trabajar a arqueólogos, forenses e historiadores.

-¿Le parece oportuno avivar este debate sobre la Guerra?

-Creo que siempre es bueno hablar de Historia. Así nadie podrá manipular al pueblo. Pero aquí no se trata de Historia, a veces me parece que la Historia está siendo falsificada a propósito, se omiten datos, se trabaja con cifras que no se sabe bien de donde salen y se admiten sin crítica ni discusión si se ajustan a las premisas de partida. Y en beneficio de determinadas opciones políticas. Este asunto de los censos de Garzón se enmarca, en mi opinión, en la gran maniobra que trata de deslegitimar lo conseguido por los españoles en los últimos 30 años y retrotraernos, como única fuente de legitimidad, a la Segunda República.

-En el caso de Córdoba, una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, ¿no es particularmente peligroso remover los crímenes de la Guerra?

-Sí, sobre todo si se hace con espíritu de revanchismo y si se tergiversa la información. Los hijos de los vencedores se casaron con los de los vencidos. ¿Qué le van a contar al nieto sobre cada uno de sus abuelos? ¿A qué viene hurgar ahora en la herida?.

Rafael A. Aguilar (Córdoba): Patricio Hidalgo, Investigador de las Víctimas de la Guerra en Córdoba: «Los censos de Garzón son una maniobra para apelar a la legitimidad de la República», ABC / Córdoba, 5 de septiembre de 2008

Napoleón: Diario de un capitán del Ejército Imperial

Cuando el Dos de Mayo de 1808 los madrileños se enfrentaron al francés en las calles de la capital del Reino no sólo dieron muestra de un heroísmo suicida, sino que, con su ejemplo, puesto por escrito por los alcaldes de Móstoles, prendió una mecha que pronto correría como la pólvora por toda España. En las cuatro esquinas de la Piel de Toro se armaron partidas ciudadanas, nutridas unas con unidades regulares de nuestro ejército en retirada, o surgidas del mismo pueblo y creadas, sobre todo, para hacer frente a los desmanes (robos de animales, de comida, de objetos de valor, de mujeres) y atropellos de las tropas imperiales.

No es la historia más conocida, es más, podría parecer olvidada al lado de mitos patrióticos como Agustina de Aragón, Bailén, El Tambor del Bruch, pero existió, y vaya que si existieron bravos gallegos que le dieron lo suyo a la gabachada. Como en la comarca lucense de Becerreá, donde en vista de cómo se estaba poniendo la cosa, el capitán general de la zona, Marqués de la Romana (también conocido por un apodo más festivo, De la Romería) publicó un edicto para que dos personas de cada pueblo se encargasen de crear retenes que vigilaran de cerca las tropelías de los franchutes, sedientos y hambrientos de casi todo. En una de esas aldeas perdidas de la zona, afiló su bayoneta Gabriel Fernández, uno de los «guerrilleiros mais glamurosos», vecino de Vilar de Ousón, que pasó a la Historia, al menos en su tierra y entre sus paisanos, como «O Terror dos Gabachos».

Gabriel y el resto del paisanaje se aplicaron concienzudamente a darle estopa a los franceses que estaban atrapados por la nieve en la zona del Puente de Cruzul, cerca de Lugo. Eran tropas que debían acudir en ayuda del mariscal Soult que se dirigía al encuentro de los ingleses que venían desde Portugal. Pero la tropa gala quedó empantanada por el general invierno (casi como en Rusia) y los guerrilleiros no perdieron el tiempo. Les zurraban la badana cuando podían, y cuando no, se escondían en lugares remotos (dentro de los árboles, por ejemplo), al tiempo que también ponían a buen recaudo (el propio Gabriel tenía un túnel en su casa) enseres, la matanza, y todo lo que les venía en gana. Pero cuando había pelea no se iban de vacío, y así fueron haciéndose con un botín compuesto por numerosas armas, por fusiles, cartillas militares, y hasta chafarotes, sables anchos de la caballería pesada que luego acabarían decorando un bar con ese nombre en Becerreá.

El meollo de la historia

Y ahora llegamos al auténtico meollo de la historia. En una de sus «acciones», Gabriel Fernández obtuvo un botín cuando menos curioso, el diario de guerra del capitán Gerard, a la sazón cronista oficial de la campaña napoléonica en España. El diario empezaba en Burdeos en febrero de 1807 y concluía en Madrid el 6 de mayo de 1808. Tras ser requisado por el guerrillero en 1809, durante doscientos años ha dormido el sueño de los justos en un arcón de la casa de Fernando Gabriel Fernández y Fernández, la misma casa del legendario guerrilleiro en Vilar de Ousón, del que don Fernando es descendiente directo. Así que pasen dos siglos, hasta que los profesores José Luis Gárfer y Concha Fernández dan con él en sus pesquisas para la elaboración de su «Adiviñanceiro Popular Galego» (Ed. Xerais), nueva página de su maravilloso «Adivinancero y Acertijero Popular Español».

Valor incalculable

«Sin duda —explica Gárfer— este diario añade un nuevo capítulo a la Guerra de la Independencia contra el invasor. El diario está escrito en francés militar muy claro, impactante, de pincelada impresionista, y consta de 126 páginas en perfecto estado de conservación, manuscritas con cuidada y deliciosa caligrafía. En él se da cuenta con emoción y apasionamiento de cada momento de la contienda, se escribe sobre consejos de guerra, sobre acciones bélicas, hay referencias a la guerra en Europa, sobre estrategias militares, sobre órdenes del día… lo que nos sitúa ante un documento de valor histórico incalculable». Fernando Gabriel también posee el edicto del Marqués de la Romana antes mencionado, y por cuyo mandato su antecesor se echó al monte y al cuello de la francesada. «Además —continúa el profesor Gárfer—, es el diario oficial no de un soldado raso, sino de un cronista designado por el alto mando». Así se escribió la Historia, en Galicia, y hace doscientos años.

Manuel de la Fuente: Napoleón: Diario de un capitán del Ejército Imperial, ABC, 19 de agosto de 2008

Los dueños del tesoro de "La Mercedes"

Miles de descendientes de los propietarios de la carga de oro y plata que se hundió con la fragata La Mercedes podrían reclamar sus derechos sobre este tesoro, hallado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration en mayo de 2007.

Documentos depositados en el Archivo de Indias (Sevilla), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que gran parte de la carga (697.621 pesos) del barco pertenecía a unos 130 mercaderes españoles. El resto (253.606 pesos) era dinero de la Corona.

El Odyssey Explorer entra en el puerto de Algeciras. AFP

La lista de los 130 propietarios da un vuelco al caso que mantiene enfrentados a Odyssey y al Gobierno español desde hace más de un año porque multiplica el número de posibles reclamantes. Los descendientes directos de aquellos mercaderes se podrían unir así como reclamantes al Estado español, que asegura haber sufrido un expolio de una fragata de guerra española, a Odyssey, que encontró el tesoro; y a Perú, que alega que el oro y la plata salieron de sus minas. El juez Mark Pizzo, que lleva el caso en Tampa (Florida), tendrá que decidir en los próximos meses qué derechos prevalecen.

La fascinante historia de La Mercedes se encuentra en varias fuentes bibliográficas. El capitán de navío de la Armada Española, Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), narró el suceso a partir de los diarios de a bordo. El barco sale de El Ferrol en 1802 hacia las Indias con la orden dispuesta por el ministro de Marina, Domingo de Grandallana, de traer los caudales de la Real Hacienda que hubiese en América. El barco está en Lima en marzo de 1804. Los legajos Lima 648, Lima 1440 y Lima 1535, todos ellos en el Archivo de Indias, dan cuenta exacta de la carga que fue registrada en el buque destinada a "Su Majestad el Rey", por entonces Carlos IV. Exactamente 253.606 pesos en distintas monedas de plata y oro y para distintos fines; "mesadas eclesiásticas", "préstamo patriótico", "por donativo para la pasada guerra" y "a disposición del Exmo. Ministro de Hacienda".

La otra parte que se transporta en el barco pertenece a "los particulares", según aparece en los registros de aduana. Son 187 páginas del legajo Lima 648, donde se documenta cómo durante marzo de 1804 los mercaderes depositan su fortuna personal y otros enseres. Todos los documentos, escritos en letra de imprenta, empiezan igual y van firmados por el maestre del barco, Vicente Antonio Amurrieta: "Sírvase V. mandar se forme partida de Registro a D. Juan González para cargar en la fragata de S.M. nombrada Mercedes, de la que soy Maestre, y se halla próxima a regresar al Puerto de Cádiz, con registro de Oro, Plata y Frutos de las especies siguientes". Idéntico registro, con otros nombres, aparece en cada una de las 187 páginas. Algunos de los mercaderes depositan oro y plata en más de una ocasión. Unos meten cantidades de 200 pesos, otros de 7.000. Los caudales pasan a estar en algunos casos bajo la custodia de algunos miembros de la tripulación. Los documentos también incluyen los nombres de los destinatarios que tendrían que recibir el dinero en Cádiz. Así se va configurando la lista hasta alcanzar la cifra de 130 mercaderes y 697.014 pesos, además de otros artículos ("Cueros de leones y lobos marinos, pieles de guanaco, perfumes, docenas de chinchilla..."). La lista elaborada por EL PAÍS a partir de esos documentos ha de considerarse incompleta, pues en ellas no aparecen, por ejemplo, las cantidades que llevaban algunos militares y otros miembros de la tripulación.

La Mercedes parte meses después con algunos de esos mercaderes a bordo. Le acompañan otras fragatas de guerra (La Clara, La Medea y La Fama) y un grupo de cuatro fragatas de comercio (El Castor, La Joaquina, El Astigarraga, La Dos Amigas). Comanda la flota don José de Bustamante y Guerra, un marino con mucha mar. El 5 de octubre de 1804, a las ocho de la mañana y cuando la escuadra está muy cerca de Cádiz, frente al cabo de Santa María, La Clara hace señal de cuatro velas indicando al resto de la flota la aparición de fragatas inglesas en el mismo rumbo.

España está en paz con Inglaterra pero, aun así, la flota del comodoro Graham Moore ataca a los españoles. La Mercedes saltó en pedazos a los pocos minutos de combate y el mar se tragó el oro, la plata y las 249 personas que viajaban en el buque. España declaró la guerra al Reino Unido el 14 de diciembre de 1804 con motivo de este suceso, que se considera la antesala de la batalla de Trafalgar que tuvo lugar el año siguiente.

Dos siglos después, una empresa estadounidense llamada Odyssey Marine Exploration, especializada en la búsqueda de pecios submarinos, anuncia el hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de oro y plata, con un peso de 17 toneladas. Desde el primer momento, España sospechó que se trataba de La Mercedes y Odyssey confirmó recientemente que ésta es la hipótesis más probable, aunque asegura que aún no hay pruebas suficientes para determinar la identidad del barco. Si los descendientes de aquellos mercaderes pueden reclamar o no es algo que tendrán que decidir el juez. Odyssey y España defienden dos posturas opuestas. La empresa considera que los descendientes tienen derecho a reclamar, aunque se reserva una recompensa de entre el 80% y el 90% del valor actual de la carga por haber rescatado el tesoro. España sostiene que La Mercedes era un buque de guerra, patrimonio exclusivo del Estado y, por tanto, expoliado por Odyssey.

Si el juez determina que España tiene razón, que el tesoro pertenece a La Mercedes, y que el Estado es soberano, entonces los descendientes tendrían que reclamar ante los tribunales españoles y sus demandas tendrían que sustentarse en leyes que jamás plantearon la posibilidad de que los herederos hiciesen valer sus derechos sobre algo perdido 200 años antes en el fondo del mar. El abogado que defiende los intereses de España en Estados Unidos declaró el pasado mayo que ese hundimiento "fue un acontecimiento en la historia mundial y en la de España equivalente a lo que sucedió en la batalla de Pearl Harbor", que precipitó la participación activa de Estados Unidos en la II Guerra Mundial.

Todos los ojos se vuelven ahora hacia el juez Pizzo, que tendrá que pronunciarse a finales de este año sobre quién es el dueño de las 500.000 monedas de plata y oro. Si puede, ya que en sus manos tiene un proceso enrevesado, plagado de lagunas legales, que podría prolongarse durante años.

Lista de los propietarios

En marzo de 1804 unos 130 mercaderes españoles cargaron las fortunas que habían hecho en las Indias en la fragata La Mercedes. El barco salió de Lima meses más tarde con destino a Cádiz y se hundió frente a las costas del Algarve tras un combate naval con los ingleses. Documentos del Archivo de Indias, en Sevilla, prueban que parte de la carga era de la Corona, 253.606 pesos en monedas de plata y oro. El resto, 697.621 pesos, pertenecía a los mercaderes. Sus descendientes podrían reclamar hoy esos caudales. En los registros aparecen los nombres y las cantidades cargadas. Ésta es la lista provisional de propietarios:

Jacinto de Aguerro.
Ángel Tomás de Alfonso.
Luis Albo.
Sebastián Aliaga.
Manuel Altima
Antonio Álvarez de Villar.
Diego de Alvear
Silvestre de Amenábar.
Martín de Aramburu.
Domingo de Aresmendi.
Dámaso de Arias.
Manuel Arredondo.
Manuel de Arrieta.
José Antonio Balanda.
Juan Baptista de Gárate.
Antonio Baras.
Juan Bautista de Biana.
Nicolás Bezanilla.
Joaquín Blanco.
Felipe Bosch.
Agustina Bustillo Concha.
Ramón Caballero.
José Calvo Izquierdo.
Joaquín Camilo. Faustino del Campo.
Santiago Campos.
Domingo de Cardas.
Salvador María de Cárdenas.
Juan Miguel de Castaneda.
Luis de Castillo y
Bustamante.
José Leandro Cendefa.
Antonio Chacón.
Lorenzo José Chávez.
Benito Christi.
Juan Antonio Comparet.
Francisco Concha.
Agustín de Caldas.
Bernardino de Eguía.
Antonio de Elizalde.
José de Erausquin.
José Antonio Errea.
Juan Bautista de Errea.
Pedro Espinosa.
Juan Francisco Ezpelosín.
Pedro Fernández de Navarrete.
Francisco Fernández.
Gabino Gainza.
Miguel de Gárate.
Gabriel García de la Plaza.
Miguel de García Rasillo.
José de Goicoa.
Juan González.
Manuel González.
Francisco Antonio Goytisolo.
Juan García de Ponte.
Sebastián Grana.
Martín Guirasola.
José Gutiérrez Vegarbarín.
Manuel de Henos.
Juan Hernández.
Diego Antonio de la Casa.
Francisco de la Fuente y Loayza.
Melchor de la Fuente.
Domingo Antonio de la Yntiesta.
Juan Miguel Lazcuna.
Antonio Lama.
Domingo Landazuri.
Matías Larreta.
José Lasarte.
Simón de Lavalle.
Juana de Lions.
Carlos Lisón.
Manuel Luciano López.
Lorenzo de Machiranda.
Juan Antonio Macho.
Joaquín Mansilla.
Manuel María del Valle.
Antonio Matías de Elizalde.
Vicente Antonio Murrieta.
Juan Antonio Mayo.
Rafael Francisco Menéndez.
Francisco Miango Lasina.
José Francisco Miranda.
Pedro Moreno Altuzarra.
Francisco Moreno y Herrera.
José Pablo Morera.
Antonio de Olano.
Tomás Ortiz de Zevallos.
José de Ostolaza.
Fernando de Oyos.
Tomás Parrizo y Toronda.
Antonio Pérez de Cortiguera.
Agustín Querefazu.
Domingo Ramírez.
Simón Ravago.
Andrés Rebonedo.
Gaspar Rico.
Lorenzo Robledo.
Matías Rodríguez.
José Román de Ydiaquez.
Manuel de Rozas y Zorrilla.
Hipólito Ruiz.
Francisco Sagasi.
Andrés de Salazar.
María Josefa de San Javier.
Francisco Sánchez Lamizo.
José Sancho Dávila.
Ignacio Santiago y Rotalde.
Antonio Sanz de Tejeda.
Señores Sanz Ysasi y Escribano.
José Antonio de Sarriá.
Pablo de Saursiaga.
Francisco Javier de Trau.
Tomás de Ugarte.
Domingo de Urquijo.
Francisco Vázquez de Ucieda.
Francisco Vázquez de Vereda.
Ángel Vidal.
Pedro Villa Campa.
Francisco Javier de Ynda.
Francisco Javier de Yrue.
José Hermenegildo Ysasi.
Domingo de Zepeda.
Francisco María Zuloaga.
José de Zaldivar.
Sr. Conde de Premio-Real.
Marqués de Zelada de la Fuente.
Marquesa de Medina.

Álvaro de Cozar: Los 130 dueños del tesoro de Odyssey, El País, 7 de septiembre de 2008

"Hay dos daños pendientes: el patrimonial y el moral"

José María Moncasi de Alvear, de 44 años, no estaría sujetando un retrato de su antepasado en el bar del hotel Palafox, en Zaragoza, si la tragedia de La Mercedes no hubiera ocurrido. El hombre del cuadro es el general Diego de Alvear y Ponce de León, segundo comandante de la escuadra que marchaba el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve cuando fue sorprendida por la flota inglesa comandada por el almirante Graham Moore. Su fortuna y casi toda su familia se fueron a pique cuando La Mercedes recibió el balazo de los ingleses en la santabárbara, donde se custodia la pólvora.

José María Moncasi de Alvear. JULIO FOSTER

Pasados 200 años de aquel cañonazo, José María Moncasi de Alvear relata la historia de su antepasado como si hablara de alguien con el que ha pasado muchas horas, escuchando sus batallas en torno a una mesa camilla. "Me han contado cien veces lo que ocurrió ese día cuando era niño. Y yo se la cuento a mis dos hijos. Creo que los valores de Diego han ido pasando por todas las generaciones hasta ahora".

Diego de Alvear viajaba a bordo de La Mercedes con su mujer, la porteña María Josefa de Balbastro, sus ocho hijos, un sobrino, cinco esclavos sirvientes, los ahorros de los sueldos percibidos como capitán de navío y otros fondos propiedad de su mujer. Pero Tomás de Ugarte, comandante de La Medea, cayó enfermo, así que Diego de Alvear tuvo que tomar el mando de la fragata y dejar allí a su mujer y a sus hijos. Sólo se llevó consigo a Carlos, un joven revoltoso de 16 años que no paraba quieto en la cámara donde se alojaba la familia.

El 5 de octubre, ambos vieron desde La Medea el estallido de La Mercedes, la desaparición de su fortuna y la del resto de la familia: la señora de Diego de Alvear y sus hijos Manuela, Zacarías, María Josefa, Juliana, Ildefonso, Francisco Solano y Francisco de Borja.

Los datos sobre la carga que transportaban los De Alvear no son claros, aunque algunas fuentes documentales señalan que el general recibió de los ingleses una indemnización de 6.000 libras, la mitad en libras equivalente a la cantidad en pesos que llevaba en La Mercedes.

"La cantidad que mi antepasado llevaba en el barco no está clara. Nosotros, los familiares no podemos decir aún si vamos a reclamarla o no, pero estamos pendientes del caso desde que Odyssey anunció el hallazgo. Hay que ser cautos, pero indudablemente en este tema hay dos asuntos pendientes: por un lado el patrimonio y por otro, el daño moral causado". Moncasi abre otro frente según el abogado del Estado español, James Goold, las monedas y demás efectos que viajaban en el navío pertenecen a la Armada Española: "Yo no comparto totalmente esa opinión", precisa.

El descendiente de Diego de Alvear nació gracias a la enfermedad de Tomás de Ugarte. Tras el naufragio, De Alvear pasó un tiempo en el Reino Unido. Su desgracia fue comprendida allí por marinos y aristócratas y se casó en segundas nupcias con Louisa Rebeca Ward. De los hijos del matrimonio desciende la rama española del apellido De Alvear. "Sí, es verdad, fue aquella tragedia la que hizo que él volviera a casarse y que yo esté aquí ahora", explica su descendiente.

José María añade que, a su regreso, Diego de Alvear se dirigió al Real Sitio de Aranjuez, donde el rey Carlos IV y su esposa, María Luisa, se interesaron por los trágicos acontecimientos que habían vivido. Diego de Alvear nunca recibió los honores merecidos por todos los servicios prestados a la patria y a la Corona. En agosto de 1807, De Alvear se hizo cargo de los puestos de artillería que protegían Cádiz de la invasión francesa.

En marzo de 1810, fue nombrado gobernador político-militar de la isla del León (hoy San Fernando) y su notoriedad en la defensa de Cádiz le valió la Gran Cruz de Hermenegildo. "Hay un dicho que dice 'De la isla de León nunca pasó Napoleón', y eso fue gracias, entre otros, a Diego. Es un personaje que debe ser estudiado por su valor y su coraje y porque estuvo en todos los acontecimientos más importantes de la historia española. Sus familiares se han encargado siempre de su legado y nosotros tenemos que hacer lo mismo", comenta Moncasi.

El apellido De Alvear adquiere todavía más relevancia en la descendencia del joven Carlos. El hijo de Diego de Alvear regresó a Argentina poco después y acabó siendo conocido como Carlos María de Alvear (1789-1852), personaje de gran importancia en la independencia argentina y jefe de Estado en 1815. Años más tarde, su descendiente, Marcelo Torcuato de Alvear (1868-1942), fue presidente de Argentina entre 1922 y 1928. "Es curioso", dice José María Moncasi, "porque de alguna forma, al apoyar la revolución allí, se estaba enfrentando a su padre". Creo que un viajero inglés que le conoce en Buenos Aires dice de él que la antipatía que le tenía a Inglaterra se debe a la catástrofe de La Mercedes.

Moncasi tiene dos hijos, está casado y es consultor de comunicación. Su relación con el resto de la familia, los centenares de De Alvear que andan repartidos entre Sevilla, Madrid, Zaragoza, Córdoba y Argentina, es buena. Algunos de ellos se han mantenido en contacto desde el descubrimiento del tesoro, aguardando el momento exacto en el que deberán actuar. Pero, por ahora, sólo esperan.

Álvaro de Cozar: Hay dos daños pendientes: el patrimonial y el moral, El País, 7 de septiembre de 2008