El tatarabuelo luchó en Trafalgar

Los barcos que escaparon de Nelson y se refugiaron en la bahía de Cádiz se rindieron a los españoles hace 200 años. Un timonel francés lo vivió. Su tataranieto rescata el testimonio

El chiringuito se encuentra en un esquinazo de la bahía de Cádiz, cerca de San Fernando, y a la hora de comer se llena de gente de la zona y de gatos esqueléticos que acuden a ver si cae una raspa de caballa. La historiadora Lourdes Márquez Carmona es gaditana y lo sabe todo sobre la batalla de Trafalgar y la suerte (pésima) que corrieron los españoles y franceses tras enfrentarse a los ingleses de Nelson y salir vapuleados.

'Batalla de Trafalgar', de William C. Turner

En una servilleta dibuja un esquema de cómo era la bahía hace 200 años, con los lugares en los que los españoles instalaron cañones. Luego señala con el dedo el suelo, por donde se pasea un gato marroncito, y asegura: "Este chiringuito, de hecho, se levanta sobre la base de una batería de costa desde la que los españoles dispararon a los barcos de los franceses. En uno de ellos estaba Michel Maffiotte, un timonel francés de 20 años que resultó un superhéroe y del que existe una foto".

¿Quién es este Maffiotte? ¿Qué hacía embarcado en la bahía de Cádiz? ¿Por qué es un superhéroe? ¿Quién le hizo esa foto? Y sobre todo, ¿por qué le disparan los españoles si se supone que eran aliados en Trafalgar?

Hace unos años, la historiadora Márquez localizó una llamativa página web: un tal César Rodríguez Maffiotte, médico de Tenerife, contaba varias aventuras de su tatarabuelo Michel, que había servido como timonel en Le Indomptable en Trafalgar, que había naufragado cerca de El Puerto de Santa María, que sobrevivió y que fue rescatado por otro navío francés gracias a que se agarró a un tablón providencial. Su testimonio fue recogido en su tiempo por un autor francés, Sabino Berthelot, que residió por un tiempo en Tenerife y que relató algunas de las peripecias de Maffiotte, al que conoció.

Así lo contaba el tataranieto en su web. Así lo encontró la historiadora, que, tras ponerse en contacto con el tataranieto, trasladó las aventuras del timonel a un capítulo de su reciente libro Trafalgar y el pescador de náufragos. A su presentación invitó al médico tinerfeño, y le hizo un regalo especial: conducirle al lugar exacto en el que naufragó su antepasado doscientos años atrás.

También el descendiente del bravo timonel había acudido con un regalo inesperado para la experta: una copia de seis hojas manuscritas en francés que comenzaban así: "Un destino adverso. (Memorias de Michel Maffiotte). Llegué a Port Royal el 14 de mayo...". La historiadora comprendió que se hallaba ante una joya. Ya no se trataba del testimonio recogido por otro autor. Ahora era el timonel el que contaba su vida de su puño y letra. El tataranieto había encontrado los papeles en la biblioteca municipal de Santa Cruz de Tenerife, después de que un amigo suyo, director del Museo Arqueológico, le avisara de la existencia de documentos antiguos relativos a los Maffiotte. Había dos copias idénticas: una había sido escrita con la caligrafía algo insegura de un hombre joven. La segunda, copiada años después, presentaba la letra firme de una persona mucho más madura.

Con todo, lo que más sorprende es la capacidad de síntesis de Maffiotte, que más parece redactar un currículum que narrar las dos veces que se cruzó con la historia de Europa. Su paso por la batalla de Trafalgar, en la que participaron más de 60 descomunales navíos de línea y miles de marineros, la resume así: "Salí de Cádiz el 20 de octubre [de 1808]. Combatí el 21 y fondeé en las afueras de la misma el mismo día. Naufragué el 25 de octubre".

Maffiotte no sólo obvia el combate, sino la retirada, en la que, desarbolados por la artillería inglesa, sin anclas, ni velas, ni posibilidad de gobierno, y zarandeados además por un temporal repentino, los navíos franceses y españoles se arrastraron por la costa intentando entrar en puerto. Muchos, como el de Maffiotte, inútilmente: hay 15 navíos de línea hundidos entre el cabo de Trafalgar y Huelva. Después, el timonel se salta tres años y medio: "El 9 de junio de 1808, estando fondeado en la bahía de Cádiz, los españoles nos han bombardeado...".

¿Qué ha pasado en todo este tiempo?

En primer lugar, que una decena de navíos franceses y españoles supervivientes de Trafalgar han permanecido encerrados en la bahía de Cádiz, prisioneros de la potente armada británica, que, desplegada a la altura de Rota, bloquea la salida. En segundo, que el levantamiento del Dos de Mayo de 1808 en Madrid, que significa el inicio de la guerra de la Independencia, ha convertido en enemigos a los que antes eran aliados. Así, los navíos españoles se han apartado de los franceses dejándolos solos en medio de una bahía de no mucho calado que, para embarcaciones de esta envergadura, es poco más que una bañera en la que es imposible moverse sin tropezar.

Maffiotte y los suyos comienzan a ser hostigados. El timonel es ahora mucho más explícito. "El fuego ha comenzado por una batería de morteros establecida en la costa (...) Nos cayó una bomba en el castillo de proa que explotó (...) dejando a 16 o 17 hombres fuera de combate".

Los españoles cañonean desde varios puntos. Los franceses se encuentran en el centro de un círculo de fuego. Deben hacer frente también a las cañoneras españolas, un tipo de embarcación liviana artillada con morteros que ataca con eficacia a los cinco colosos franceses, torpones y lentos debido a que están obligados a maniobrar en una charca sin profundidad. "El día 13, mucho movimiento en el enemigo, que levanta baterías por todas partes (...) El día 14, a las cinco horas, 31 cañoneras tomaron posiciones (...) zafarrancho de combate a las seis y media. El almirante [el conde François-Etienne de Rosily-Mesros] llama a los comandantes de los navíos a las siete horas. A las ocho [se rinde] y arría su pabellón".

Termina la batalla y Maffiotte recupera su ritmo vertiginoso a la hora de contar. Se limita a consignar que fue hecho prisionero y recluido en uno de los pontones que había en la bahía, esto es, barcos desarbolados e inútiles que servían tan sólo de prisión flotante y, con frecuencia, de ataúd. Compartió esa suerte miserable con 3.700 marineros franceses. Muchos murieron.

Maffiotte sobrevivió. Como sobrevivió a Trafalgar. Por eso la historiadora Márquez le considera un superhéroe. Permaneció en Cádiz hasta el 25 de abril de 1809. Ese día fue embarcado rumbo a Canarias junto a 1.500 compatriotas. "El 2 de junio partí del puerto de Candelaria para Santa Cruz de Tenerife haciendo la ruta por tierra...".

Aquí se interrumpen las memorias. No dice que jamás volvió a Francia, que se casó con una canaria, que tuvo cuatro hijos, que prosperó y que, con el tiempo, fundó la escuela de náutica de Santa Cruz de Tenerife. De ahí que le hicieran la foto.

No dice nada de eso porque, según piensa su tataranieto César, el timonel escribió estas memorias recién desembarcado, amargado por un destino que consideraba infausto, recluido en un lugar apartado del mundo. De ahí el título, Un destino adverso, y la caligrafía insegura de los 20 años. Décadas después se limitó a pasarlas a limpio, con una letra mucho más segura. Su tataranieto César está convencido de que lo hizo para dejar constancia de lo vivido. Por eso no cambió nada.

Antonio Jiménez Barca, El tatarabuelo luchó en Trafalgar, El País-Domingo, 22 de junio de 2008

El PSOE rehabilita a Juan Negrín

El próximo XXXVII Congreso Federal del PSOE, que se celebrará los próximos 4, 5 y 6 de julio de 2008 en Madrid, rehabilitará la figura de Juan Negrín, el último presidente del Gobierno republicano. Las razones de su expulsión están vinculadas a una leyenda infamante que, recientemente, historiadores de prestigio están desmontando: la de que fue un títere de soviéticos y comunistas en su etapa al frente del Gobierno republicano. Esa tesis cuajó en la mayoría de los socialistas de la época, de tal modo que algunos dirigentes actuales del PSOE opinan que, "si viviera Ramón Rubial, anterior presidente del PSOE, habría dificultades para reintegrar a Negrín en el partido". Una enmienda de los socialistas canarios que será presentada en el congreso del PSOE pretende que Negrín sea reingresado en el PSOE, junto con la veintena de compañeros expulsados con él. La reintegración se materializará en una resolución del congreso. y su rehabilitación podría producirse mediante la «devolución» simbólica del carné de militante a sus familiares. Negrín es la única gran figura socialista de la etapa republicana y de la guerra civil no reconocida aún. Hace ya tiempo que lo fueron Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero o Julián Besteiro.

Juan Negrín, en su exilio de Dormers (einRo Uindo) en 1944

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el seno de una familia acomodada, en 1892, Juan Negrín marchó a estudiar a Alemania, donde se tituló en Medicina con veinte años. Poco después, ya casado con María Fidelman Brodski (una rusa de familia judía) y establecido de nuevo en España, se ocupó de la organización de un laboratorio en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense. Su primer contacto con la política activa llega en 1929, cuando se afilia al PSOE. Fue elegido diputado en las Cortes constituyentes de la II República en 1931, y reelegido en 1933 y en las elecciones del Frente Popular, en 1936.

Cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, nombra a Francisco Largo Caballero presidente del Consejo de Ministros, el 4 de septiembre de 1936, ya en plena guerra, éste encomienda a Negrín el Ministerio de Hacienda. Fue él quien tomó la decisión de enviar a la Unión Soviética las reservas de oro del Banco de España (cuatrocientas sesenta toneladas equivalentes, aproximadamente, a unos cinco mil millones de euros de hoy).

Tras los enfrentamientos a tiros en Barcelona en mayo de 1937 entre la CNT y el POUM, que pretendían hacer la revolución en terreno republicano, y las tropas de la Generalitat y los milicianos del PCE, que priorizaban el combate contra las tropas de Franco, los socialistas de Prieto, los republicanos de Azaña y el PCE fuerzan la salida de Largo Caballero y Juan Negrín es nombrado el día 17 de ese mes presidente del Consejo de Ministros.

A Negrín le correspondió dirigir el Gobierno en la etapa difícil que se extendió hasta el final de la guerra civil. Fue un firme defensor de resistir a Franco para coincidir con lo que él creía el inminente comienzo de la II Guerra Mundial. La victoria se presentaba ya entonces muy difícil para el bando republicano, pero se trazó como misión cohesionar el Frente Popular y la retaguardia y articular un programa de acción que agrupase a las dispersas y enemistadas fuerzas republicanas.

Juan Negrín nombra a Prieto ministro de Defensa, pero éste dimite en 1938, disconforme con la política del Gobierno. Todo el PSOE, el del ala más moderada de Julián Besteiro, los partidarios de Prieto y el ala izquierda de Largo Caballero, que hasta entonces apoyaba como uno solo a Negrín, empezó a oponérsele porque veía que su status de principal partido de las izquierdas del Frente Popular se debilitaba en el gobierno a favor del PCE.

Después de la caída de Cataluña, Negrín pasó a Francia el 8 de febrero de 1939, volvió a España aquel mismo día, con la intención de proseguir la resistencia en la zona centro-sur. El 5 de marzo, el coronel Casado, apoyado por el presidente de la República (Azaña), gran parte del PSOE, la CNT, Izquierda Republicana y Unión Republicana, es decir, todo el Frente Popular, se sublevó contra el intento de Negrín de seguir oponiendo resistencia a Franco sin sentido. Viéndose derrotado internamente, Negrín regresó a Francia al día siguiente, 6 de marzo. Ya no volvió.

En 1945 cesó como presidente del Gobierno republicano en el exilio. La edición de «El Socialista» fechada el 23 de abril de 1946, da cuenta de su expulsión del PSOE. Junto a Negrín, otros trece diputados socialistas a Cortes, como Julio Álvarez del Vayo (ministro de Estado con Negrín y quien realmente llevó la peor parte en las acusaciones de criptocomunista), González Peña o Ramón Lamoneda, son expulsados. La decisión se fraguó a finales de 1945 en una Ejecutiva en el exilio dominada por Indalecio Prieto y Rodolfo Llopis. Pero, como dijera para defenderse el propio Álvarez del Vayo muchos años después, «la «influencia soviética» en España fue resultado, en gran parte, del hecho de que, mientras todo el mundo se empeñaba en negarnos el derecho legal de adquirir armas para nuestra defensa, Rusia nos restableció en ese derecho (...). Si los Gobiernos francés, inglés y americano hubiesen querido realmente contrarrestar la «influencia soviética», no tenían más que haber hecho otro tanto».

Perseguido por los vencedores del bando franquista y depurado por la dirección del PSOE en el exilio, que nunca le perdonó lo que consideró una política de resistencia sin sentido, Negrín es el gran olvidado del socialismo posterior a la Guerra Civil. Murió en París en 1956, sin que su figura fuese reconocida. Llegada la democracia se abatió sobre su figura un tupido manto de silencio propiciado por un PSOE poco interesado en recordar sus enfrentamientos pasados. Hasta que hace dos años, en el cincuentenario de su muerte, empezó a salir del olvido. Un paso importante para su rehabilitación lo dio Alfonso Guerra cuando, con motivo del 50º aniversario de su fallecimiento, la Fundación Pablo Iglesias organizó una exposición y editó un vídeo en reconocimiento a Negrín.

Historiadores de prestigio (Ricardo Miralles, Enrique Moradielos, Gabriel Jackson, Paul Preston) han reivindicado en los últimos años su figura como científico y político socialista. En noviembre, Ángel Viñas publicará El honor de la República, libro en el que, con documentación procedente de los archivos republicanos socialistas y soviéticos, contribuirá a desmontar la tesis extendida durante la guerra fría, letal para la imagen de Negrín, de que fue un agente al servicio de comunistas y soviéticos. Según el historiador Stanley G. Payne, tras el fin de la guerra no había personaje más odiado. El bando franquista lo consideraba un "rojo traidor", en tanto que dentro del campo republicano, la mayor parte de sus correligionarios le echaban en cara la prolongación inútil de la guerra y que hubiese servido a los planes de la Unión Soviética. Su papel como científico prácticamente fue borrado de los anales, a pesar de que era admirado por su mentor, Santiago Ramón y Cajal (Nobel de medicina en 1906), y fue maestro, entre otros, del profesor Severo Ochoa (Nobel de Fisiología y Medicina en 1959).

Luis R. Aizpeolea (Madrid), El PSOE rehabilita a Juan Negrín, El País, 22 de junio de 2008
Gabriel Sanz (Madrid), El PSOE rehabilita a Negrín, ABC, 22 de junio de 2008

Hallan en Cuéllar la momia de un influyente personaje de la corte de Enrique III

Los trabajos de restauración en los sepulcros de la iglesia de San Esteban, en Cuéllar (Segovia), han sacado a la luz un cuerpo momificado que podría pertenecer al titular de la tumba, Alfonso García de León, influyente personaje en la corte del rey Enrique III, fallecido a principios del siglo XV. Según fuentes de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que financia la investigación arqueológica, el monarca citó a García de León en su testamento como contador mayor de Castilla, tesorero y alcaide del Alcázar de Segovia. Los restos, localizados en uno de los dos arcosolios que se encuentran en el lado del Evangelio, se pueden haber mantenido momificados por la gran cantidad de cal encontrada dentro de la caja, que podría haber contribuido a la conservación del cadáver y de algunos restos de tela, que pueden ser de ropajes o de un sudario.

La Fundación del Patrimonio Histórico exhumará ahora los restos de los otros tres sepulcros, el otro del lado del Evangelio y los dos del lado de la Epístola, en los que se han empezado a documentar también diversos restos humanos, también con signos de momificación. Las primeras hipótesis apuntan a que podrían corresponder a los enterramientos originales de Urraca García de Tapia, esposa de Alfonso García de León, Martín López de Córdoba Hinestrosa y su mujer Isabel de Zuazo. Los cuatro sepulcros, insertados en los muros y distribuidos en pares a los dos lados de la capilla mayor de la iglesia de San Esteban, están decorados con yeserías de clara raigambre mudéjar, ya que el templo se construyó en este material, hacia el siglo XII.

En función de los resultados de los trabajos arqueológicos, es posible que se amplíe la investigación y los análisis antropológicos de los restos hallados. Estos estudios científicos permitirán determinar las causas de la conservación de estos cuerpos e identificarlos, además de aportar información sobre las características físicas, posibles patologías o rasgos anatómicos.

La Fundación del Patrimonio restaura los cuatro sepulcros del presbiterio y otros bienes muebles de la iglesia, como los revestimientos murales de la capilla del Evangelio, las hornacinas de los retablos del Descendimiento y del Crucificado y del archivo, el retablo del Crucificado y el de la Virgen, que está en la nave de la Epístola. La inversión estimada supera 167.000 euros por parte de la fundación, que cuenta con la colaboración de la diócesis de Segovia y el ayuntamiento de Cuéllar.

(Efe, Segovia), Hallan en Cuéllar la momia de un influyente personaje de la corte de Enrique III, La Vanguardia, 12 de junio de 2008

Estado-Iglesia, un pulso eterno

En los debates de las Cortes de Cádiz, el escritor andaluz y liberal José María Blanco White ya advirtió de los riesgos de declarar el catolicismo como religión de Estado. Por aquellos tiempos anunciaba una permanente inestabilidad social y política si la fe se asociaba a una forma de gobierno. "Déjese a cada uno que profese los principios religiosos que le dicte su conciencia y no se persiga a nadie porque meramente se separe de la religión católica". Puro liberalismo el de Blanco White, pero demasiado osado para los valores tradicionales de la España de comienzos del XIX. No se equivocaba el autor de Historia breve de la intolerancia en España porque el conflicto entre la Iglesia y el Estado, con episodios incluso sangrientos en épocas de revoluciones y guerras, marcó el XIX y el XX.

Manifestación en favor de la familia cristiana. Álvaro García

Por la gracia de Dios (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores) recoge artículos o intervenciones parlamentarias de Blanco White, Modesto Lafuente, Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y Manuel Azaña en un abanico que va de 1812 a 1931. El ensayista y periodista José María Ridao ha editado y prologado este libro que pretende subrayar, en unos momentos en que el problema religioso parece renacer con fuerza, que "combatir la identificación entre España y el catolicismo no equivale a agredir al catolicismo, sino a defender la libertad".

Admite Ridao que la derecha española no ha sabido históricamente mantener una autonomía frente a la jerarquía católica hasta el punto de que "durante la última legislatura, el PP no entendió que su primera lealtad debe ser hacia la Constitución y no hacia la Conferencia Episcopal". "Desde la época de los Reyes Católicos", explica, "los gobernantes entregaron el poder ideológico a la Iglesia y esta situación se mantuvo hasta el reinado de Alfonso XIII. De hecho, la Segunda República representó el primer régimen que marcó una clara separación entre Iglesia y Estado". A juicio del editor del libro, "el anticlericalismo ha significado siempre un grave error". "Quizás", agrega, "haya sido inevitable como respuesta a la opresión del clericalismo en algunas ocasiones. Pero el anticlericalismo me parece una opción poco inteligente". Ridao no coincide con las opiniones de aquellos que otorgan a la Iglesia, en la actualidad, más poder del que realmente ostenta, a pesar de la influencia tradicional de los católicos en sectores como la enseñanza o los medios de comunicación. "La Iglesia disfruta de poder por el apoyo de las fuerzas políticas conservadoras y por los sustanciosos ingresos económicos que recibe del Estado", opina el escritor.

El control de la educación ha figurado siempre como un caballo de batalla entre el Estado y la Iglesia y fue uno de los enfrentamientos más virulentos entre una República laica, como la de los años treinta, y una Iglesia defensora de sus privilegios. El entonces ministro Manuel Azaña defendió de esta forma tan elocuente su postura en el debate sobre la Constitución de 1931. "Bajo ninguna condición", señaló Azaña, "en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza". A propósito de los años republicanos, Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y autor de La Iglesia de Franco (Crítica), opina que el odio de las masas hacia los curas era mayor que hacia los capitalistas. "Aquel anticlericalismo virulento", comenta, "que explotó en los primeros meses de la Guerra Civil con el asesinato de sacerdotes o los incendios de edificios religiosos se explica por la defensa que la Iglesia había realizado de los poderosos. Pero también obedeció a que muchos acusaban a la jerarquía católica de haber traicionado el Evangelio en la defensa de los pobres". Casanova señala que existió un abismo entre el mundo clerical y el anticlerical. El escritor inglés Gerald Brenan, recuerda el catedrático, llegó a calificar el anticlericalismo español como "una religiosidad al revés".

Ridao concluye el prólogo del libro, que se presenta hoy, con la disyuntiva que se abre sobre los restos del problema religioso. "Para algunos españoles convendría apoyarse en esos restos y reconstruir la identificación entre España y el catolicismo (...). Para otros, el mejor destino para esos restos sería desaparecer (...), la mejor alternativa".

Miguel Ángel Villena (Madrid), Estado-Iglesia, un pulso eterno, El País, 11 de junio de 2008

El primer día en el que ETA asesinó

El vehículo en el que iban 'Txabi' y Sarasketa (izq), junto a la fotografía de Pardines Arcay

La Avenida Txabi eta Joseba Etxebarrieta ("eta" significa "y" en euskera) se encuentra en el municipio vizcaíno de Leioa. La semana pasada, el PP denunciaba que el alcalde (PNV) obstaculiza una moción para cambiar el nombre a la avenida situada entre el Parque de Ondiz y la Avenida Iparraguirre. El motivo de la moción: los hermanos Etxebarrieta fueron etarras. Hace 40 años, un viernes 7 de junio, a unos 112 kilómetros de la avenida, en el término guipuzcoano de Villabona, Txabi (Javier Etxebarrieta) mataba a José Ángel Pardines Arcay en el considerado el primer asesinato de ETA en su trágica historia.

Fue ese el primer asesinato no planificado de la banda (El terrorismo en España, Alejandro Muñoz Alonso). El 2 de agosto, ETA acababa en Irún con la vida del policía franquista Melitón Manzanas en un atentado premeditado. No obstante, el 28 de junio de 1960, una niña, Beatriz Urroz, moría a causa de una bomba colocada en las vías férreas de San Sebastián. Nadie reivindicó el atentado y nunca se ha podido demostrar que fuera obra de la banda armada un año después de su nacimiento.

"Para nadie es un secreto que difícilmente saldremos del 68 sin ningún muerto". Son las palabras del etarra Txabi, de 22 años, que recoge la web de la Guardia Civil en el primer registro de la sección que dedica a los agentes asesinados por la banda. Pardines Arcay, coruñes de 25 años natural de Malpica, trabajaba ese 7 de junio de 1968 como guardia civil de Tráfico del Destacamento de San Sebastián en unas obras de la Nacional I (Madrid-Irún) a su paso por Villabona. Por ahí precisamente circulaban en un SEAT 850 coupé (foto) Txabi y su compañero en la banda, Iñaki Sarasketa. El agente, tercera generación de una familia de guardias civiles, echó el alto al vehículo para solicitar la documentación. Una bala en la cabeza procedente del arma de Txabi inició entonces la crónica del primer asesinato de ETA.

La lucha armada contra Franco

El año 1968, que pasaría a la historia por el mayo parisino, fue el de la apuesta clara por la "lucha armada" de la banda contra la represión franquista; fue también el año en el que se anunció la construcción de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), objeto más tarde de la violencia etarra; y el año en el que el asesinato de Manzanas hacía pensar que los atentados se limitaban a una fuerzas de seguridad muy identificadas con el régimen. El balance de la lucha contra ETA en 1968 fue de 434 detenidos, 189 encarcelados, 75 deportados y 38 exiliados.

El etarra Txabi, fuera del coche tras el primer balazo en la cabeza acertó a rematar a Pardines Arcay de cuatro tiros en el pecho. Ante el ruido de los disparos, un camionero que conducía por la misma vía intentó reducir a Txabi, pero el arma de Sarasketa le convenció de lo contrario y propició una huida que iba a durar poco. Según el relato de la Guardia Civil, los dos etarras fueron perseguidos hasta Benta Haundi (cerca de Tolosa). Allí, el enfrentamiento con los agentes del Instituto Armado, hirieron de gravedad a Txabi, que más tarde falleció en el hospital. Sarasketa fue detenido al día siguiente tras lograr huir.

>Los diarios del 8 de junio no lograron ilustrar con imágenes (Fotografía y muerte: representación gráfica de los atentados de ETA (1968-1997), Nekane Parejo Jiménez) lo que para muchos fue un asesinato de "bandidos" o "salvajes" (ABC). Pardines Arcay fue el primer guardia civil asesinado por ETA. El último, de los 204 agentes que ha matado la banda (823 muertes en total), también ha sido la última víctima mortal de ETA: Juan Manuel Piñuel.

Oscar Gutiérrez (Madrid), El primer día en el que ETA asesinó, El País, 4 de junio de 2008

La historia oral de la guerra llega a juicio

¿Hasta dónde se puede llegar a la hora de investigar el turbio pasado de la Guerra Civil? ¿Es más importante conocer lo que ocurrió, y hacerlo público, o abstenerse para respetar el honor de los descendientes de episodios tan poco edificantes? ¿Qué margen tienen las víctimas, que pasaron años de humillación y oprobio, para recuperar una dignidad que la dictadura les escamoteó? ¿Hay algún consuelo en conocer la verdad? ¿Qué peso tienen los documentos que se conservan de la represión, con juicios sin garantías jurídicas y con testimonios arrancados en una atmósfera de miedo a una autoridad implacable? ¿Y qué crédito dar a los testimonios orales de los supervivientes que, en muchos casos, no pudieron hablar hasta fechas recientes?

Hace unos meses, el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, en Galicia, absolvió al historiador Dionisio Pereira que había sido acusado por los descendientes de Manuel Gutiérrez, alcalde de Cerdedo durante el franquismo, de no querer rectificar para salvar el honor de sus antepasados las conclusiones que hizo públicas en 2003 en un libro colectivo sobre la represión franquista. Basándose en testimonios orales, Pereira señalaba ahí la presunta implicación de Gutiérrez, y de Francisco Nieto, entre otros, como "participantes o instigadores" en los actos que acabaron en agosto de 1936 con la vida de seis personas en la comarca de Cerdedo.

La decisión de absolver a Pereira la tomó el juzgado, recurriendo a abundante jurisprudencia para defender sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión "en el terreno histórico". La familia de Manuel Gutiérrez ha recurrido y el caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Con el peligro de que nuevos recursos, si el fallo es semejante, lleven a Pereira a instancias jurídicas superiores, conduciéndolo a un temible calvario judicial. Con la voluntad de defender su trabajo, el pasado 20 de mayo un documento dirigido al presidente del Gobierno y a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado manifestaba a través de la Red la solidaridad de una serie de historiadores con Dionisio Pereira. Entre los 349 firmantes figuran Paul Preston, Sebastián Balfour, Ángel Viñas o Nicolás Sánchez-Albornoz, y numerosos historiadores latinoamericanos (muy sensibles a los horrores de sus propias dictaduras). La iniciativa la puso en marcha la red gallega e internacional Historia a Debate, que preside Carlos Barros, que encabeza la lista de firmantes.

Terra de Montes, provincia de Pontevedra, 11 y 13 de agosto de 1936. El enfrentamiento que ha partido en dos a España desde el 18 de julio llega a ese remoto rincón de Galicia. Es zona de canteiros y, frente a otros lugares más conservadores, allí las ideas socialistas han encontrado terreno abonado. Los falangistas del lugar, las autoridades y la Guardia Civil no los ven con buenos ojos. Reclaman que detengan a unos cuantos. Al final son cuatro habitantes de Cerdedo y dos de Soutelo de Montes los que son conducidos al cuartel de Pontevedra. Una noche desaparecen por el monte, luego aparecen muertos.

Lo que Dionisio Pereira ha hecho ha sido volver sobre ese episodio de los días más cruentos de la Guerra Civil, cuando uno y otro bando se habían enganchado a una espiral de violencia gratuita y desbocada. Los ganadores de la contienda pudieron en su día rendir honores a los suyos que murieron en aquellas terribles jornadas. Los perdedores en muchos casos no saben aún, o no han sabido hasta ahora, dónde están los suyos, quiénes los mataron, cuándo, por qué. No hay documentos. El único camino que queda es la historia oral, los recuerdos de los pocos que quedan que estuvieron allí.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007 tras un largo calvario de negociaciones, malentendidos, críticas y polémicas, sentó finalmente las bases para que los poderes públicos llevaran a cabo políticas dirigidas al "conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática". Lo que el documento de los historiadores señala es que, precisamente por los efectos de esta ley, los juicios contra los historiadores podrían intensificarse. Así que piden que "se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo, basándose en fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico".

"La situación no se ha normalizado aún en este país", explica Dionisio Pereira. "Quizá en Madrid, Barcelona, Vigo, pero en los pequeños pueblos y aldeas sigue sin reconocerse la dignidad moral de las víctimas". Hay en muchos lugares resistencias evidentes a prescindir de los símbolos del franquismo, a cambiar los nombres de las calles, a facilitar la investigación en fosas comunes y a abrir las puertas a los historiadores para que hagan su trabajo con libertad.

Pereira ha recuperado en un escrito situaciones análogas a las suyas: Emilio Silva y Santiago Macías soportan varios procesos judiciales por su libro Las fosas de Franco; un trabajo de Alfredo Grimaldos sobre la sombra del dictador durante la transición ha sido denunciado por la familia del ex ministro Juan José Rosón; la escritora asturiana Marta Capín fue absuelta de la acusación de los familiares de un falangista mencionado en su obra Los crímenes de Valdediós, que cuenta lo que ocurrió en aquel sanatorio de Villaviciosa cuando entraron en él las tropas franquistas; un juez de Cambados, en fin, ha cerrado la página web donde estaban volcados los escritos de un comunista de O Grove, en los que daba los nombres de los que llevaron a cabo las represalias en aquella pequeña villa de las Rías Bajas.

¿Cómo recuperar el pasado? Mejor, ¿cómo recuperar un pasado lleno de sangre? "Ningún notario firmará nunca un paseo", dice el historiador gallego Emilio Grandío Seoane, que ha dirigido el volumen colectivo Años de odio sobre el golpe militar, la represión y la Guerra Civil en A Coruña. "El debate surge cuando se plantea, de un lado, cuál es la verdad judicial, y de otro, cuál es la verdad histórica. Jurídicamente sólo cuenta lo que tiene detrás unos papeles. Entonces los que murieron en los paseos y fueron enterrados en fosas comunes sin registro alguno, ¿qué ocurre, que no existieron?".

Grandío no tarda mucho, sin embargo, en señalar que desconfía mucho de reconstruir lo que pasó utilizando como única fuente los testimonios. "Hay que buscar la mayor cantidad de filtros posibles, cruzar los testimonios, buscar apoyaturas escritas (registros civiles y de las cárceles, causas militares, consejos de guerra, fichas sanitarias...), localizar los lugares que puedan conservar los restos de los desmanes, ir a los papeles que den pistas de lo que pudo pasar. Hay que ser prudentes y rigurosos".

Prudente fue, desde luego, Juan Carlos Carballal, juez de Cambados, cuando ordenó cautelarmente cerrar la web en la que Fabien Garrido había volcado los escritos que encontró en Nantes de su padre, Ramón, un combatiente antifascista que tuvo que exiliarse en Francia. En aquellas páginas, escritas a mano por el que fuera marinero y comunista, implicaba directamente en la represión franquista al alcalde de O Grove, Joaquín Álvarez Lores. Hubo denuncia de dos hijos de éste, y el juez cerró la web hasta que tenga lugar el juicio, "para proteger el honor de los descendientes", explica. "Mi trabajo no es el de valorar un trabajo histórico. Debo simplemente resolver, en función de los argumentos de las partes, cuál de estos dos derechos fundamentales pesa más: si el derecho de un investigador a saber lo que ocurrió o el derecho a salvaguardar el honor de unas personas. Hay además ahí otra cuestión: ¿puede ese derecho pasar a sus descendientes?".

"Decir que Franco es un criminal es una cosa; decir que lo fue Fulano de Tal, con nombres y apellidos, es otra muy distinta y mucho más delicada. Es, por otro lado, diferente señalar al represor de una gran ciudad que hacerlo con el de una pequeña localidad", comenta el historiador Julián Casanova, uno de los autores de Víctimas de la guerra civil (Temas de Hoy), el volumen que coordinó Santos Juliá y que daba cifras rotundas de la magnitud de la represión. "Los lazos familiares son ahí mucho más estrechos y las lealtades primordiales más fuertes, así que no es difícil que los investigadores sean denunciados al hacer públicos los nombres de los represores".

"Los historiadores no pueden certificar lo que ha ocurrido", explica el historiador José Álvarez Junco, que ha seguido muy de cerca los avatares de la Ley de Memoria Histórica. "No pueden establecer una verdad oficial. De eso se encargan los jueces. Lo que los historiadores hacen es investigar en las fuentes más diversas para poder argumentar que, después de comprobar en muchos y diferentes testimonios, las cosas con gran seguridad ocurrieron de tal y tal modo".

La paradoja que se da al volver sobre el pasado es justamente la de valorar la veracidad de los documentos. Cuando hay una dictadura de por medio, muchos de los testimonios escritos que se conservan de esa época podrían haberse obtenido bajo coacción. Pero están ahí, en unos papeles oficiales. Los testimonios orales, en un clima de libertad, acaso se ajusten más a la verdad, pero son palabras dichas muchos años después. "Desde un punto de vista historicista, la mejor prueba oral es peor que la peor de las escritas", explica Julián Casanova a propósito de esta cuestión. "Los ganadores de la guerra estaban sin embargo tan convencidos de haber acabado con el mal, y de ser ellos los portadores del bien, que dejaron muchas huellas de sus desmanes: juicios sin garantías, fusilamientos, expropiación de los bienes de los derrotados... Dejaron las pistas incluso escritas, y por eso se ha podido conocer la envergadura del terror que generó la dictadura franquista", añade.

Los historiadores desde hace ya un tiempo han desentrañado los mecanismos de terror que se pusieron en juego durante la Guerra Civil y que se prolongaron en la dictadura, explica Casanova. "Saber que un cura delató a un republicano en un pequeño pueblo no va a cambiar la manera en que se sabe que funcionaron los mecanismos de la violencia", dice. "El problema siguen siendo los meses del terror caliente, en el verano de 1936, cuando se produjeron los mayores desmanes al margen de registro alguno. Hay unas 20.000 personas que fueron víctimas de los ganadores que no están identificadas".

Quizá las investigaciones sobre testimonios orales no cambien nuestra mirada sobre la historia reciente. En términos sociales, sin embargo, la reparación moral que reclaman las víctimas, y sus descendientes, es la energía que alienta a tantos historiadores a buscar la verdad para cerrar definitivamente las heridas de aquella terrible guerra.

La desidia de los archivos

Primitiva López tiene 97 años, vive en El Toboso, un pequeño pueblo de La Mancha. Casada con un soldado republicano que murió en el frente, fue detenida al terminar la guerra y luego acusada de complicidad con el bando leal. Fue recluida en la prisión de Ocaña, donde pasó unos años, y después fue desterrada a Valencia (donde todavía pasa ahora algunas temporadas). Cuando pudo regresar a su pueblo, tuvo que pelear para recuperar la casa de sus padres, que las autoridades estaban a punto de quitarle. Ha pedido a su sobrino que solicite el consejo de guerra que la llevó a la cárcel, y le estropeó tantos años de vida, para saber quién la denunció, de qué la acusaban, por qué tuvo que pasar tanto tiempo entre barrotes.Ese documento tienen que facilitárselo a Primitiva López en el Tribunal Militar Territorial número 1 de Madrid. "Se conservan allí alrededor de medio millón de consejos de guerra", explica el periodista Pablo Torres (Premio Ortega y Gasset por sus imágenes del 11-M), que está a punto de terminar Los años oscuros en Miguel Esteban, donde reconstruye lo que ocurrió en ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha durante la Guerra Civil y la dictadura. En ese archivo, cuenta, está el consejo de guerra a Miguel Hernández ("a punto de deshacerse por el uso y su mala conservación"). El caso es que allí "las peticiones se acumulan y los funcionarios no dan abasto".Un problema de los historiadores de nuestro pasado reciente es que los denuncien los herederos de los presuntos represores. Otro problema distinto son los archivos. Pablo Torres ha tenido que esperar entre 9 y 18 meses para que le entregaran algunos documentos que había solicitado. Era de tal magnitud la demora que durante un tiempo pensó que había una voluntad explícita por parte de las instituciones para que no se removieran aquellos lodos, e incluso se dirigió al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial para manifestar sus quejas. Ahora ha entendido que, en ese archivo, el problema no es político sino burocrático. Tiene que ver más con una novela de Kafka que con un poema de Brecht.Lo suyo es la microhistoria. Quiere saber lo que pasó en Miguel Esteban, el pueblo en el que nació. En un caso, ha topado con problemas burocráticos. En otro, directamente lo ignoran: "Hay mucha información en el archivo histórico del penal de Ocaña, pero obtener documentos allí es imposible". Pablo Torres explica que "no hay forma de ver ese archivo para conocer su estado de conservación" y que exigen para facilitar la información "muchos datos del expediente que solicitas". Y añade: "Si solicitas un expediente es precisamente para saber más y lo único que tienes, a veces, es simplemente el nombre del que estuvo preso"."La información sobre la guerra está dispersa en múltiples archivos", cuenta Pablo Torres. "Y cuando la encuentras, muchas veces faltan muchas hojas: alguien se las llevó. Recurrir a los testimonios orales es también una gesta. Todo el mundo que era de izquierdas tuvo que abandonar Miguel Esteban y emigrar. De pronto descubres que alguno vive en Getafe, otro en Rivas. Luego viene la siguiente complicación: les cuesta hablar. Sienten un gran pudor para reconocer que los pegaron y los humillaron".Ninguno de estos dos archivos con los que ha trabajado Pablo Torres está digitalizado. "En el TMT número 1, las fichas y los expedientes están en sitios diferentes, y muchos se están pulverizando, por viejos, o se están convirtiendo en ladrillos de celulosa, al pegarse unas hojas con otras".

José Andrés Rojo, La historia oral de la guerra llega a juicio, El País, 2 de junio de 2008