Los dueños privados de la fragata "La Mercedes" han sido indemnizados por España

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Odyssey Marine Exploration no tiene derecho ni a una sóla de las monedas rescatadas del naufragio de «La Mercedes», puesto que es un buque de Estado. Pero es que ni siquiera puede reivindicar ya las fortunas privadas que se hundieron con la fragata, puesto que España indemnizó antes de 1870 a todas las víctimas que pudieron probar que sus propiedades estaban a bordo del barco hundido a traición por el inglés el 5 octubre de 1804 (hace justo ahora 204 años). Esto es lo que se desprende de la investigación histórica y jurídica realizada por el abogado José María Lancho.

Lienzo que representa la explosión de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Vuelva usted mañana

Según el citado jurista, que ha rebuscado en archivos y libros de la época, el proceso se alargó durante décadas y fue penoso para un erario exhausto por las guerras. En 1824 se abrió el plazo para reclamar por las presas realizadas por Inglaterra antes de 1808, es decir, veinte años más tarde de la catástrofe de «La Mercedes». Era la España del Vuelva usted mañana de aquel Mariano José de Larra transmutado en Fígaro, donde la burocracia podía agotar la paciencia y la energía de aquellas desesperadas familias durante varias generaciones. Es posible, según afirma Lancho, imaginar «la situación en que se encontraban estas familias y comprender la precariedad de un Estado, el español, que apenas sobrevivía tras las guerras napoleónicas, mientras América iniciaba su proceso revolucionario y estallaban los primeros conflictos civiles» en el reinado de Fernando VII.

Pero lo cierto es que, en diciembre de 1869, se emitía una Instrucción que regulaba las caducidades de las reclamaciones de aquellas víctimas que debían ser indemnizadas por el apresamiento de buques de la Real Armada a manos de Inglaterra. El caso es que el artículo 9 de esa Instrucción de 1869 explica que los demandantes de indemnizaciones debían presentar «en el plazo de un año a contar desde el 21 de julio último (de aquel 1869), en las oficinas de la deuda, bajo pena de caducidad (...) los documentos que acreditan el apresamiento del buque, el hecho del embarque del metálico, géneros y efectos apresados, el valor de estos y el del buque». Es decir, que tenían que probar su demanda.

«La Mercedes», exento

Pero el caso de «La Mercedes», y el resto de los buques apresados en la traicionera batalla del Cabo de Santa María, fue tan doloroso -provocaría la guerra con Inglaterra- que quedaban exentos de toda prueba los demandantes de «las fragatas de guerra Mercedes, Fama, Medea y Santa Clara por la notoriedad de sus apresamientos», destaca Lancho. El motivo de que España se comprometiera a indemnizar a las víctimas no fue otro que el cambio de alianzas, tras las guerras napoleónicas que volvieron a unir como aliados a Madrid y Londres, que se habían declarado la guerra tras el hundimiento de «La Mercedes», una guerra que en el mar terminaría con la tragedia de Trafalgar.

El caso es que el resto de las víctimas de los apresamientos corsarios de los ingleses necesitaba un testimonio del Almirantazgo inglés o del Tribunal que declaró buena la presa en cada caso. Asimismo debían «aportar el protesto del capitán del buque y el testimonio expedido por la comandancia de marina en que hubiera estado matriculado el buque». Para el hecho del embarque de bienes, un testimonio sacado del registro de la Aduana del puerto de salida o expedido por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que declaró buena la presa. Servían también los conocimientos de los capitanes, maestres o patrones de los barcos, las pólizas de seguros. etc.

Los demandantes podían sumar otras pruebas como los testimonios de los libros de comercio. Además, aquellos que quisieran justificar la propiedad y el valor del buque, debía aportar la escritura de adquisición o certificación expedida por el Almirantazgo inglés o el Tribunal que dispuso de la presa «siempre que constara la propiedad del buque y el precio de la venta del mismo», añade Lancho. Y, por último, también se aceptaba la certificación emitida por la Comandancia de Marina a la que «hubiesen correspondido los buques apresados, donde constara la matrícula y los arqueos de verificados». El tiempo pasaba y no todas las víctimas tuvieron la suerte de reunir la documentación necesaria. Por ello, en diciembre de 1870 aún se publicaban varias cuantiosas reclamaciones caducadas de algunos herederos. Es el caso de Faustino del Campo, que reclamaba 100.000 reales de vellón de «La Mercedes» y 2.000 de la «Santa Clara». Él y tantos otros vieron caducar sus derechos por no presentar las pruebas exigidas en el citado artículo 9.

«Gran Bretaña no debe resarcirse en Tampa de sus propios despojos»

Gran Bretaña sí indemnizó a don Diego de Alvear, el militar español que vio hundirse a su mujer, siete de sus hijos y toda su fortuna cuando estalló «La Mercedes». Según informaciones publicadas en Gibraltar, el Gobierno británico estudia con algunos abogados si exigir una parte del tesoro por esa reparación. Según el abogado José María Lancho, a la luz de la historia esa reclamación es puramente nula. ¿El motivo? Que Inglaterra indemnizó «por daños morales» causados a don Diego de Alvear debido, como escribió el propio rey Jorge III, a «las peculiares circunstancias de este infortunio tan grande», esto es la pérdida de los siete hijos y su esposa como consecuencia de un ataque en tiempos de paz. Lancho recuerda que ese daño moral irresarcible fue cuantificado en la medida de los caudales de este español hundidos con la fragata. Pero que no se compensó a don Diego su pérdida económica, como tampoco hizo Inglaterra con los demás supervivientes de «La Mercedes» ni con los herederos de las otras 263 víctimas de aquel infame ataque. «Es evidente la carencia de título jurídico alguno por parte del Reino Unido, lo que no deja de resultar llamativo semejante intento de resarcirse sobre los despojos de los asesinados en el suceso de la Mercedes, lo que viene a demostrar que estamos ante gentes muy lejos de la altura de Fox o Pitt, y de quienes se enfrentaron al tirano de Europa, aunque visto el papel del embajador en el asunto de Gibraltar y el contencioso con Odyssey el público no espera menos».

Cabe recordar que la indignación de la opinión pública por la crueldad de la agresión a la flotilla española presionó al Gobierno británico de 1804. Y resulta desde el derecho difícil de entender que aquel ataque a traición vaya a tener, para más inri, otra compensación. Según documenta el historiador Agustín Ramón Rodríguez las fuerzas no estaban igualadas, debido al mayor calibre de los cañones británicos, ya que aquellos corsarios no corrían riesgos durante su rapiña.

Los herederos ya no tienen derechos que defender en Tampa, sino España

La conclusión del estudio llevado a cabo por José María Lancho es definitiva: los damnificados por el hundimiento de «La Mercedes» «fueron indemnizados por el Reino de España antes de 1870 o bien vieron prescritos sus derechos o caducadas sus reclamaciones por defecto de algún documento». Por tanto resulta risible que ninguno de sus descendientes actuales quiera entrar en el litigio de Tampa que enfrenta a los cazatesoros con el Estado español. «Esto determina, definitivamente, la inviabilidad jurídica de la estrategia de Odyssey Marine Exploration para poder apoderarse al menos de parte de la carga del pecio de «La Mercedes»». Según el abogado, «incluso si llegara a admitirse la ficción de que en un pecio de Estado hay una excepción a la inmunidad soberana en relación a cargas de titularidad privada, lo cierto es que el Reino de España al indemnizar a las víctimas por los haberes perdidos en el buque hundido, sucedió en el derecho de las mismas a esas mismas cantidades».

España indemnizó a los dueños privados del tesoro capturado por Odyssey

Será casualidad pero, en 1870, al mismo tiempo que caducaban los derechos de las víctimas sobre los bienes apresados por el inglés, aparecía el libro de Sabina Alvear y Ward sobre su padre, el general español cuya tragedia conmovió a todos en 1804. Lo recuerda el tataranieto de don Diego de Alvear y Ponce de León, José Ramón de Alvear, en declaraciones a ABC.

Su tatarabuelo venía de Argentina, donde su labor se había vuelto imposible: estaba documentando el levantamiento de la frontera entre España y Portugal, en lo que hoy es la linde de Argentina con Brasil y Uruguay. «Pero la guerra terminó con el encargo de la Comisión de Límites Conjuntos. Allí los ánimos estaban soliviantados -nos relata- por la guerra civil entre realistas y revolucionarios. Hubo tantos resquemores que en Europa se consideraba traición el trato con los rebeldes. Tal vez por eso su hija tardó tanto en publicar el libro».

Pero es cierto que «a mi tatarabuelo lo indemnizó Inglaterra bajo palabra. Y como volvió a casarse con una inglesa decía que le habían devuelto su fortuna, su mujer y sus hijos». Fue la ventura de un hombre corajudo cuya tragedia había conmovido incluso al monarca británico Jorge III. Aunque lo cierto es que el rey que indemnizó al general por daños morales causados, le nego la petición idéntica que hizo para sus hombres. «El ataque de Inglaterra fue un acto de piratería, porque la guerra era entre Francia e Inglaterra. Aunque tengo un pariente que me corrige y dice que es más bien un acto de corsarios, que apresaban nuestros barcos al servicio de la Corona inglesa». Relata cómo su antecesor tuvo que ponerse al mando de los buques durante el ataque y lo traicionero que fue. El general regresaba a su destino, en Cartagena, y «tuvo que tomar el mando por enfermedad del general Bustamante». La familia no piensa litigar ahora, «todo esto es agua pasada», dice su descendiente.

No tanto le parece la actuación de los cazatesoros en este caso. «Lo de Odyssey es una vergüenza», dice sencillamente. «Es piratería pura y llana, porque hablamos de un buque de guerra en el que también viajaban particulares, como suele ocurrir en las guerras». ¿Y si Gran Bretaña entra en el litigio para exigir un trozo del tesoro? «La presa fue ilegítima y sería un doble acto de piratería». Hablamos de historia y de personas notables. De arqueología y yacimientos destrozados, de cementerios marinos y de memorias familiares.

«Mientras mi tatarabuelo estuvo en Plymouth, los españoles exigían vigilancia para evitar el pillaje que la marinería inglesa hacía sobre los caudales de los barcos». Hombre de honor, Alvear pedía en Londres también «los daños y perjuicios a tantos inocentes por la muerte de sus padres, hermanos y parientes que después de sacrificar sus vidas han perdido también todo su haber en su caja de soldadas». El ministro de Marina Canning aprobó la peticion personal de Alvear y negó otra reparación al resto de 52 supervivientes, aduciendo que no los representaba.

Jesus García Calero, Madrid, ABC, lunes, 13 de octubre de 2008